Los incendios forestales que aquejaron al país en los últimos meses siguen frescos para los bolivianos, y un grupo de parlamentarios de oposición, además de representantes de la sociedad civil presentaron, por separado, propuestas para abrogar un paquete de leyes que son descritas como “incendiarias”, entre la que se encuentra la 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias. Además, recurrieron ante organismos internacionales para denunciar atentados contra el medioambiente y la violación de los derechos de pueblos indígenas afectados por los incendios.

Los diputados María René Álvarez (Creemos) y Marcelo Pedrazas (Comunidad Ciudadana) presentaron un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 741 el pasado 16 de noviembre. Actualmente se encuentra en la Comisión de Región Amazónica y los impulsores piden que sea tratado con prioridad.

“Cada una de las leyes debe ser abrogada o derogada, cada norma tiene sus características y procedimientos. Estamos trabajando en ello y, si existen diputados o senadores que quieran sumarse a esta causa, son bienvenidos, así como nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya en defensa del medioambiente y nuestros recursos naturales”, aseguró Álvarez.

También la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) presentó su propuesta el pasado 20 de noviembre ante la Asamblea Plurinacional, según manifestó el vicerrector, Reinerio Vargas, quien se declaró escéptico de que este proyecto de ley llegue a tratarse. De todas maneras, aguardarán una respuesta para tomar medidas.

La Uagrm cuestiona, por ejemplo, que la Ley de la Madre Tierra no tenga resultados tangibles, lo mismo que la 071, que crea la Defensoría de la Madre Tierra.

Pide la “urgente revisión, modificación y /o abrogación” de normas que permiten la deforestación, la quema y el chaqueo en tierras agrarias, forestales de producción permanente, áreas protegidas y parques nacionales, como la Ley 337 de Apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y la mencionada 741. Argumenta que estas leyes “posibilitan y legalizan el daño al medioambiente y la destrucción de nuestra riqueza natural”.

Por su parte, las diputadas de Comunidad Ciudadana Luciana Campero y Luisa Nayar también presentaron su proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En él buscan cárcel para quienes causen incendios forestales, sanciones para los funcionarios públicos y la declaración de la pausa ambiental indefinida, que está acompañada de la abrogación de las “leyes incendiarias”. Además, se prevé la creación de la entidad Servicio Nacional del Fuego (Senafuego) de Bolivia.

También el Comité Cívico cruceño se pronunció a favor de la abrogación de este paquete de “leyes incendiarias”. El viernes pasado, durante la marcha en defensa de la vida, la salud y el medioambiente, su presidente, Fernando Larach, aseguró que sostendrá reuniones con los parlamentarios que ya presentaron propuestas en este sentido.

Por otro lado, el 23 de noviembre, Comunidad Ciudadana, representada por la senadora Cecilia Requena, presentó un proyecto de ley para proteger el patrimonio boliviano contra incendios y quemas.

En él plantea seis áreas:

1.-La imposición de nuevas sanciones por quemas e incendios.

2.- La obligación de las autoridades del nivel central hasta el local de querellarse cada vez que esté en su conocimiento algún acto ilegal con respecto a quemas e incendios.

3.- Prohibición de emisión de resoluciones de asentamiento y otros documentos de distribución, saneamiento u otorgación de áreas de aprovechamiento minero en áreas afectadas por quemas e incendios.

4.- Transparencia. Las entidades gubernamentales competentes deberán hacer públicas todas las donaciones recibidas y recursos públicos utilizados para socorrer incendios forestales u otro tipo de desastres, para que esta información sea de fácil, permanente y rápido acceso, a través de la web y las redes sociales.

5.- Disposiciones para que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, realice la identificación y la reparación de daños a la superficie, los ecosistemas y las especies de fauna y flora afectadas.

6.-Determinación de responsabilidades para la identificación, sanción y reparación del daño ocasionado por incendios y quemas descontroladas en todo el territorio nacional, durante la gestión 2023.

Instancias internacionales

La diputada Álvarez cuenta el envío de ocho notas a: embajadas, relatorías de NNUU y a la CIDH para “denunciar estas vulneraciones a los derechos ambientales y a los derechos de los pueblos indígenas”.

Este año, el 7 de noviembre envió sendas cartas al relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo, así como al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, en las que denunció: “los atentados contra el medioambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia”.

Al día siguiente, el 8 de noviembre, la diputada Álvarez nuevamente envió una carta a Boyd, esta vez para solicitar que se realice un “llamamiento urgente al Gobierno de Bolivia para que pueda activar todos los mecanismos de protección en las áreas protegidas de Bolivia, frente al incremento de la actividad aurífera en esas zonas”.

El 19 de noviembre de 2023, envió una carta a la Embajada de Brasil en la que solicitaba ayuda internacional ante la “situación de emergencia nacional por los incendios forestales en Bolivia”.

En la misma fecha, una vez más, remitió una carta al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, “con la denuncia por los atentados contra el medioambiente y la inacción del Gobierno boliviano ante el incremento de los incendios forestales en el país”.

Días después, el 24 de noviembre, junto a la senadora Centa Rek, Álvarez presentó una solicitud de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas, víctimas de los incendios forestales, ante la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum.

Dos notas corresponden a 2022: El 18 de abril de ese año, Álvarez envió una carta al relator especial sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, con la solicitud de audiencia para abordar casos de contaminación, que involucran derechos de los pueblos indígenas.

El 29 de agosto de 2022, mediante una nota al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, “se le remitió información relevante y suficiente sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Chiquitania con el avasallamiento al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá”.

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