Wilfredo Chávez, procurador General del Estado, pidió este miércoles que se levante el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas en 2009.

La autoridad negó completamente que él o algún personero de su repartición hubieran pasado el documento a medios de comunicación y lamentó que se "politice" excesivamente el tema, intentando afectar la imagen del jefe del MAS, Evo Morales.

“Quienes han dado a conocer esto son justamente algunos medios, ayer (martes) me he brindado a que me digan, supuestamente, a quién habría filtrado el procurador o alguien de la Procuraduría el informe, levanten la fuente, creo que es importante, porque vale la pena en este caso aclarar una situación tan infame hacia una autoridad como mi persona”, dijo en entrevista con radio Fides.

Agregó que “queda una cosa muy fea, que supuestamente nosotros hemos hecho esto, no es así”, por lo que pidió “que averigüen quién es”. Asimismo, anticipó que “en algún rato vamos a saber qué ha pasado, y bueno, sabremos, que asuma su responsabilidad también política, porque los ataques han ido dirigidos al expresidente Evo Morales, cuando en realidad esto no tenía que conocerse de esa manera, han politizado el tema en extremo y veremos cómo se puede reparar el asunto”.

El documento, aprobado en diciembre de 2021, señala que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de Morales contra  cinco miembros de un supuesto grupo armado. Insta, para evitar un juicio internacional, que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano.

“Yo particularmente estoy tranquilo, nosotros no hemos difundido el documento internacional, hemos escrito una carta, en representación del Estado, expresando nuestra preocupación porque hubiera salido ese documento”, recalcó.

Enfatizó que existe confidencialidad respecto al contenido del documento, que, según protocolo, llegó por Cancillería y fue remitido a la Procuraduría. “Tratándose de actividades que el Estado tiene que verificar y estudiar, para ver su pertinencia”, agregó.

“No hay nada en la Corte, por instancia está en la comisión, lo que emite serán recomendaciones, si no hay un acuerdo recién pasa a la Corte, y ahí se verán el Estado y la otra parte, pero no hemos llegado a ese nivel”, concluyó Chávez.

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