Rafael Quispe, director del Fondo Indígena de Desarrollo, pidió a Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, acelerar los procesos contra los que cometieron delitos en los desfalcos del Fondo Indígena, ya que el caso lleva cinco años y hay solo dos detenidos. A principios de año, Quispe amplió la querella para incluir al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pero también contra Luis Arce Catacora, ahora candidato presidencial por el MAS. Para Quispe, que fue diputado suplente por Unidad Demócrata, Arce debería ser detenido y asegura haber encontrado nuevas pruebas que ligan al exministro de Economía con la compra de camionetas para dirigentes de organizaciones sociales.

Durante los 14 años de Gobierno de Evo Morales, las organizaciones sociales afines al MAS se beneficiaron con camionetas, sedes sindicales y en algunos casos fondos para “fortalecimiento institucional”. Ahora ese tipo de gastos son observados por Quispe, que asegura que Arce tenía las mismas responsabilidades que Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Productivo, que se encuentra detenida por el despilfarro de Bs 120 millones. Para Arce, Quispe instrumentaliza la justicia para perseguirlo y esto demuestra que no hay condiciones para que se hagan elecciones libres en Bolivia. Quispe advirtió de que, de no ser escuchado, y de no agilizarse estos procesos, entonces el fiscal Lanchipa sería pasible a un juicio de responsabilidades por incumplir con sus deberes.

 Candidaturas impugnadas

No es la única candidatura del MAS en veremos. Diego Pary, excanciller del Estado, podría quedarse sin postulación por Potosí. Al igual que ocurre con la aspiración de Evo Morales a ser senador por Cochabamba, de Pary se observa que no ha vivido en su departamento natal por lo menos los dos últimos años.

El diputado Gonzalo Barrientos, candidato a la reelección por Juntos, le observa que Pary estuvo en servicio exterior entre 2011 y 2018 y no cumple con el requisito de la residencia.

Es un caso parecido al de Mario Cossío. El exgobernador de Tarija, candidato a primer senador por Creemos, se quejó ayer de que fue una víctima del Gobierno de Evo Morales y por eso tuvo que salir del país como refugiado político. “Hay que saber diferenciar bien los casos, en este caso yo soy la víctima y él (Evo Morales) es el persecutor y no me cabe en la cabeza que hoy, después que se fue la dictadura y estamos recuperando el estado de derecho, yo vuelva a ser castigado”, dijo Cossío.