Carlos Romero, exministro de Gobierno durante la gestión del expresidente Evo Morales, fue retenido durante seis horas en la terminal aérea del Aeroparque Internacional Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina, según informó Teresa Morales, exautoridad nacional, en una conferencia de prensa en horas de la mañana.
Por la tarde, el propio ministro confirmó tal extremo con un post en sus redes sociales: "Lamento confirmar el atropello del que fui objeto en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini al arribar a Buenos Aires para cumplir una agenda particular. Los funcionarios de Migración y Gendarmeria no daban ninguna respuesta coherente y sólo alegaban que podía haber un homónimo, aunque se escuchaban murmullos entre ellos de que había una gestión desde Bolivia, no se si corresponde al gobierno de facto o al actual. Lo extraño es que yo ingresé a la Argentina en diciembre de 2021 sin ningún problema.En todo caso, todos nuestros movimientos son de preocupación de más de uno en el Gobierno".
El incidente ocurrió la noche del jueves, cuando Romero llegó a la Argentina por motivos médicos con un boleto de ida y vuelta. Sin embargo, las autoridades del aeropuerto le impidieron abandonar las instalaciones, sometiéndolo a una retención que Morales calificó como "arbitraria y abusiva".
Teresa Morales, también ministra durante el Gobierno de Evo Morales, destacó que Romero logró comunicarse cerca de las 5:00 de la madrugada de este viernes con periodistas argentinos, quienes difundieron la noticia y se pusieron en contacto con ella para brindarle detalles sobre lo sucedido.
"No existe orden de aprehensión ni alerta migratoria en su contra, por lo que es incomprensible que sea víctima de semejante abuso", cuestionó Morales durante la conferencia de prensa.
Las causas detrás de esta supuesta retención del exministro aún son desconocidas y se espera un informe oficial por parte de las autoridades competentes para esclarecer el incidente.
En los últimos días, los dos exministros de Evo presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, solicitando una investigación sobre presuntos actos de corrupción y daño económico al país relacionados con la importación de gasolina y diésel.
En dicha denuncia, señalan a Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como responsable de “de un millonario hecho de corrupción".