“El delito de robo menor, un robo totalmente verificado por cámaras, es absolutamente necesario combatirlo. El Ministerio de Gobierno ha estado trabajando arduamente, porque todos tenemos amigos, familiares que han sufrido el robo de un celular, de una mochila, y después nunca los han podido recuperar, aún habiendo identificado al culpable (…), se trata de combatir la impunidad y encarcelar a quienes quieren apropiarse de lo ajeno”, dijo el presidente del Estado, Luis Arce. 

Justamente fue el primer mandatario el encargado de presentar esta propuesta de normativa, denominada: "lo ajeno no se toca". En este proyecto se crea una nueva figura penal de apoderamiento flagrante, para que los delincuentes sean sancionados a siete años de prisión.

Para cumplir con este objetivo, el Proyecto del Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110 y otros mecanismos serán claves para esta política, plasmada en el anteproyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Este nuevo anteproyecto crea una nueva figura penal denominada 'apoderamiento flagrante de la cosa ajena' como un delito, que permitirá que los delincuentes sean sancionados de manera “oportuna y de manera ejemplar”.

Dada la flagrancia, según la propuesta de ley, las imágenes de las cámaras de seguridad, las pruebas fidedignas de la flagrancia, los presuntos delincuentes serán procesados en menos de 24 horas y “se tendrá a los culpables pagando sus penas en las cárceles”.

“Hemos enviado nuestro proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que, a la brevedad posible, pueda tratarse”, reveló Arce, en conferencia de prensa la tarde de este jueves.

Agregó que “es una ley para todo el país, para todas las bolivianas y bolivianos. Esperamos que se pueda aprobar a la brevedad posible y avanzar en esta lucha y cambiar la mentalidad. (…), tenemos que aprender que hay que trabajar, que hay que generar los ingresos de manera limpia, honrada, porque ese es el boliviano”.

El ministro de Gobierno explica detalles de la propuesta

Por su parte, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, detalló que las personas que incurran en esta nueva figura penal serán sancionadas con una pena de siete años de cárcel sin derecho a indulto.

“Estamos creando este nuevo tipo penal que dice que 'el que ilegítimamente se apodere, apoderare, sustrajere o tomare joyas, dinero, valores, minerales o energía, cosa, sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas y otros medios; o de cualquier otra forma se apropiara de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía o por particulares, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, testigos y entrevistas policiales, será sancionado con una pena de presidio de siete años sin derecho a indulto'”, enfatizó el ministro.

Tras la aprobación de esta norma, los delincuentes serán aprehendidos en una acción directa dentro del nuevo procedimiento denominado “sumarísimo penal”, en el que los fiscales podrán emitir una acusación.

“Van a emitir una acusación penal en contra de estos delincuentes, ¿qué quiere decir esto? que en la primera audiencia y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, detalló Del Castillo.

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