Con información de EFE
Este lunes, los Gobiernos de España y Bolivia acordaron reforzar la colaboración para combatir el narcotráfico y avanzar en la elaboración del futuro convenio de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada. Este pacto se da luego del bullado caso 'narcovuelo' que cobró notoriedad nacional e internacional.
"La firma del acuerdo dará una nueva dimensión a las relaciones entre los dos países en asuntos de gran trascendencia para nuestros ciudadanos, continuando así años de estrecha colaboración entre los dos Gobiernos y entre los cuerpos de seguridad, con muy buenos resultados”, resalta el secretario de Estado de Seguridad español, Rafael Pérez, en un comunicado del Ministerio español del Interior.
Pérez se reunió esta jornada en Madrid, España, con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Jaime Mamani.
También reafirmó el apoyo de España a la consolidación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y transmitió el compromiso de impulsar la colaboración con la UE durante el próximo semestre de la presidencia española de la Unión Europea.
La visita de esta delegación boliviana forma parte del proyecto europeo de apoyo a las fuerzas especiales de lucha contra la droga en la aplicación de la ley boliviana, dirigido desde 2021 por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependiente del Gobierno español.
El objetivo es combatir el narcotráfico en nuestro país, reducir los cultivos de coca y prevenir el consumo de drogas. Este convenio también tiene como finalidad combatir el narcotráfico y prevenir el consumo de drogas en Bolivia, por lo que España se compromete a generar acciones de asesoramiento y coordinación junto al CLASI, con el compromiso de impulsar la colaboración con la Unión Europea (UE).
El proyecto, vigente hasta febrero de 2024, está liderado por la fiscal española Margarita de la Barga, que también asistió a la reunión de hoy.
Cuenta con la participación de expertos de los cuerpos españoles de seguridad de la Policía y la Guardia Civil. En 2023, el Ministerio del Interior aportó 14 agentes en ocho acciones de asesoramiento y coordinación de iniciativas en Bolivia.
Además del viceministro boliviano Mamani, asistieron al encuentro con las autoridades españolas el director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia, Sidney Edson Morales; el inspector general de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Jhenky David Gómez, y el jefe del Departamento Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Boliviana, Alejandro Grandy.
Este acuerdo entre los dos países se da luego de luego de la investigación que inició la Policía y Fiscalía sobre los 478 kilos de cocaína que se cargó al avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos Air, que contrató Boliviana de Aviación (BoA) para realizar un vuelo comercial al aeropuerto Barajas, de Madrid.
Este vuelo partió de Viru Viru, de la capital cruceña, el 11 de febrero, penetrando al menos siete filtros de controles extremos, entre ellos la zona estéril del aeropuerto.
Por este caso denominado 'narcovuelo' ya existen ocho personas detenidas en la cárcel de Palmasola: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; Lenny R. L., operadora de BoA
Mientras que la propietaria de la empresa José María de Santa Cruz, Carolina Adelaida C. R. (esposa de Ronald Marcelo e hija de Maribel) fue liberada con medidas sustitutivas.
Pero hasta la fecha, según reclaman voces desde la oposición, no ha caído ni un pez gordo.