Una paradoja. Los 63 campesinos aprehendidos y procesados en La Paz tendrán que someterse a juicio en la sede de Gobierno, porque así lo establece un decreto que firmó Evo Morales en 2009 y que determina que todas las personas acusadas de terrorismo o alzamiento armado sean enjuiciadas en la sede de Gobierno.

“Queda consolidada la ciudad de La Paz, como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado, siendo esta ciudad la Sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el artículo 2 del decreto 138, que promulgó Morales el 20 de mayo de 2009.

Los detenidos en Cochabamba deben enfrentar nueve delitos: terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado; tráfico de armas; tenencia porte, portación ilícita; instigación pública a delinquir; atentado contra la seguridad de los medios de transporte; atentados contra la seguridad de los servicios públicos; asociación delictuosa, y secuestro, todos contemplados en el decreto 138.

Evo Morales había preparado ese decreto luego de los sucesos del 16 de abril de 2009, cuando un grupo de extranjeros fue abatido en el hotel Las Américas. El caso fue conocido como “terrorismo” y para -supuestamente- evitar que los acusados sean favorecidos en Santa Cruz por la justicia, el Gobierno decidió llevar el caso a La Paz y promulgó este decreto.

Ahora, los propios afines a Evo Morales -que lo defienden de las denuncias y procesos por estupro que le iniciaron- deben ser sometidos a un proceso amparado en un decreto de Morales. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el viernes en la noche que por normativa se debía procesar a los aprehendidos en La Paz, aunque no especificó qué normativa le permitía ese traslado.

Asimismo, dos de los ministros que acompañaban a Morales en ese tiempo eran David Choquehuanca y Luis Arce -hoy primeras autoridades del Estado-, quienes también rubricaron el decreto.

De igual modo, los ahora acusados de terroristas no solo enfrentarán la acusación en La Paz, sino que corren el riesgo de que sus bienes sean incautados por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), así está regulado en los artículos 4 y 5 del mismo decreto.