La movilización ciudadana tiene más peso que la tarea política en la lucha por el censo en 2023. Paros, marchas y bloqueos en varios puntos del país fueron organizados por cívicos y plataformas ciudadanas a los cuales se sumaron los políticos. Analistas ven que el Gobierno no tiene capacidad para resolver conflictos y que el problema se puede irradiar de manera más intensa a otras regiones. En el oficialismo también recurren a sus sectores sociales para contrarrestar las protestas ciudadanas. 

Santa Cruz es el epicentro de la lucha por el censo en 2023. Desde el sábado 22 de octubre sostiene un paro indefinido por la principal demanda: que el censo nacional se ejecute el año que viene. Siguió Beni con un paro de 24 horas y también Tarija, que paró un día. Las otras regiones realizaron marchas y en Oruro mañana habrá un cabildo para determinar medidas. 

El analista Paul Antonio Coca consideró que las movilizaciones ciudadanas crecen debido a que el Gobierno no tiene una estrategia de resolución de conflictos. Además, el también abogado explicó que la labor opositora en el Legislativo se ve debilitada por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las diferencias que hay en las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. 

“El problema está en que (el Gobierno) no tiene claro el horizonte. Cuando uno se porta así de violento, cuando uno no tiene la fortaleza de carácter como para encarar los problemas y darles solución, me parece que el Gobierno está en eso. Por muy incendiarios que puedan ser sus discursos, me parece que el Gobierno no tiene el carácter que se requiere para atender estos temas y estos problemas y esa falta de carácter está llevándonos a los bolivianos a crecientes niveles de confrontación”, afirmó Coca. 

El analista añadió que un paro afecta el crecimiento de la región y del país y que para ser sustentable -en el caso de Santa Cruz- necesita el apoyo de otras regiones. Coca dijo que este paro no se asemeja con las protestas de 2019 o de las medidas contra la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas que tuvo que ser abrogada como consecuencia de las manifestaciones que rechazaron esa norma.

“Esa estrategia de negar el conflicto, negar los problemas y restar importancia a un problema que ellos pueden reconocer ya no da. Las estrategias del Gobierno, de los discursos, de la campaña comunicacional, de que sus autoridades emitan tuits con mensajes absurdos, no son soluciones. El gobierno está para solucionar problemas, para evitar que sucedan otro tipo de conflictos, pero por el momento el Gobierno no está haciendo nada para solucionar esta protesta ciudadana, está muy timorato”, resaltó Coca. 

Sin resultados
El pasado viernes, el presidente Luis Arce convocó a un encuentro nacional a autoridades electas de gobiernos subnacionales y a rectores de universidades públicas para intentar resolver el conflicto por el censo. No se llegó a ningún acuerdo. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, culpó a los dos representantes de Santa Cruz que acudieron a la cita por impedir que se fije la fecha del censo, ya que no tenían poder de decisión y pidieron un día para hacer las consultas. 

“Lamentamos nuevamente que hoy no se haya tomado esa decisión (de elegir una propuesta), pues se haya venido sin capacidad de decisión, que hoy lamentablemente no se haya podido dar una respuesta a todo el pueblo cruceño por dos personas (representantes de Santa Cruz) que hoy no quisieran dar una respuesta a todo el resto de autoridades presentes”, afirmó Prada.
Existen dos propuestas en la mesa de debate: la primera, la del Gobierno, que fija el censo para abril de 2024 y la
distribución de los recursos para octubre de ese año; la segunda plantea que se deje abierta la fecha de determinación del censo y que la misma sea definida por una comisión técnica en un lapso de 30 días. 

Apoyo del MAS
En el MAS culpan a las autoridades políticas y cívicas de Santa Cruz porque no se llegó a ningún acuerdo por el tema del censo. El diputado Juanito Angulo no coincide con la versión que el Gobierno no tiene capacidad de resolución de conflictos. 

“No es así. El Gobierno hace mucho tiempo viene desarrollando mesas de trabajo y de diálogo en regiones por el tema del censo. Si vemos, solo Santa Cruz es el problema. El señor (Luis Fernando) Camacho es quien no quiere soluciones y busca más conflictos”, consideró el legislador. 

Por su parte, el analista político Ludwig Valverde lamentó que en esta coyuntura no haya puntos de equilibrio y que sea la violencia la que se apodere de la situación. El experto consideró que el tema se está saliendo del control de las autoridades del Gobierno. 

“El Gobierno está subestimando y se le está yendo el conflicto de sus manos. No puede gestionar de manera adecuada el conflicto y Santa Cruz está pasando a posicionar una voz de apoyo de otros departamentos. Entonces, esto le va a complicar al Gobierno nacional en un futuro y en el futuro inmediato en la perspectiva de gobernabilidad”, afirmó Valverde.

Para Coca la oposición política quedó relegada en la lucha por el censo en 2023 y sus actores se limitan a participar de las acciones que realiza la ciudadanía. El analista añadió que, por ahora, se ve una oposición política regional a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho y no se ve una oposición a nivel nacional.

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