Bolivia cerrará el 2024 con los mismos indicadores —o probablemente con un incremento— respecto de 2023, de acuerdo con un balance presentado por la Fiscalía General del Estado. Ante este escenario, los especialistas lamentan la “debilidad institucional” del sistema judicial del país para sancionar y prevenir esta tendencia que daña a la sociedad boliviana
Hasta el 16 de diciembre, el Ministerio Público registró 81 feminicidios y 33 infanticidios, con los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba liderando estas trágicas estadísticas. En La Paz, se reportaron 22 casos de feminicidio y 17 de infanticidio, convirtiéndola en la región con mayor incidencia de estos delitos.
Entre los casos más conmovedores está el de Kamila, una joven de 23 años asesinada por su pareja el 15 de octubre en Caranavi. Mientras Kamila pasaba clases en la Escuela Superior de Formación de Maestros, su agresor ingresó al aula, comenzó a discutir con ella y terminó apuñalándola múltiples veces frente a sus compañeros. El hombre fue detenido y condenado a 30 años de cárcel. Los testigos del ataque quedaron profundamente afectados y este caso desnudó falencias de las entidades judiciales para atender oportunamente denuncias de la población vulnerable y brindar protección a las víctimas.
Otro caso impactante ocurrió el 11 de febrero en el municipio cruceño de La Guardia, donde Samuel Velasco Dávalos asesinó a su suegra y cuñada cuando intentaban proteger a su esposa de ser ultrajada y golpeada. El hombre, bajo los efectos del alcohol, atacó con un cuchillo, dejando a la familia devastada. Fue capturado y también condenado a 30 años de prisión, tras un juicio que fue abreviado.
Pero, no todos los casos vinculados con la violencia a la mujer merecen trato inmediato. Este año, varios agresores, especialmente familiares de las víctimas lograron evitar a la justicia a meced de jueces corruptos.
Jessica Echeverría, jurista de la Red Ciudadana Contra el Abuso Sexual Infantil y la Violencia, señaló que los feminicidios e infanticidios siguen en aumento debido a la “debilidad institucional” del sistema judicial boliviano.
“Fallos a favor de agresores y la falta de recursos para organismos como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia contribuyen a la impunidad”, afirmó. Echeverría enfatizó la necesidad de una reforma judicial que priorice la protección de las mujeres y niños.
El Fiscal General, Róger Mariaca Montenegro, alertó sobre la gravedad de estos crímenes y llamó a trabajar en conjunto para prevenirlos. “Estos índices realmente llaman la atención, pero la prevención debe ser una tarea conjunta entre instituciones y familias”, declaró. Sin embargo, el escenario refleja un panorama desalentador: desde 2013, se han registrado 1.250 feminicidios, y el incremento sostenido en las cifras muestra la persistencia de esta problemática en todos los departamentos del país, pero especialmente en el eje central.
Pero cada feminicidio e infanticidio deja tras de sí historias de dolor y vacío. La familia de Kamila y los hijos de las víctimas en La Guardia son ejemplos de cómo la violencia destroza vidas y deja secuelas psicológicas irreparables. Los especialistas coinciden en que el fortalecimiento de la justicia es vital para detener esta cadena de tragedias que sigue marcando a la sociedad boliviana. Además, estos hechos anulan las capacidades de una sociedad.