La denuncia se presentó ayer por la tarde en la Fiscalía de Santa Cruz. La diputada Luisa Nayar, de la alianza opositora de Comunidad Ciudadana, espera que la justicia actúe con imparcialidad y ayude a establecer las responsabilidades por la postergación del censo que estaba fijado para este año. 

La querella fue planteada contra el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el director interino del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Gastón Cordero, por el delito penal de incumplimiento de deberes.

Según la diputada, la denuncia establece una vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la competencia de organizar y desarrollar los censos en el Órgano Ejecutivo. “Pretenden seguir manejando los recursos económicos desde el centralismo, robarles la educación a los niños, robarle la atención de la salud a las madres embarazadas y robarle la generación de fuentes de empleos a los jóvenes que necesitan un trabajo”, reclamó la diputada Nayar.

El 21 de julio de 2021, el presidente Luis Arce aprobó el decreto con el que se estableció el 16 de noviembre como la fecha para la realización de la gran encuesta. El pasado 13 de julio, el jefe de Estado aprobó el decreto 4760 con el que postergó la fecha del empadronamiento para un día entre mayo y junio de 2024. La norma fue aprobada tras la reunión en la que el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) planteó la necesidad de postergar el proceso por la demora en la actualización de la cartografía y la necesidad de socializar la boleta censal.

“Vemos una vez más que el MAS le ha mentido a los bolivianos, nos mintieron cuando dijeron que el proceso se estaba llevando adelante sin ningún problema, nos mintieron cuando dijeron que se había llevado adelante la actualización cartográfica, nos mintieron cuando fueron a la Asamblea Legislativa a decirnos que evidentemente se iba a llevar este censo”, señaló la diputada luego de dejar la denuncia en la Fiscalía.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno tendrá en su poder los $us 68 millones provenientes de créditos que se aprobaron para el financiamiento del censo y que los bolivianos deberán seguir pagando en los próximos 20 años, “sin tener la certeza de que esos recursos se vayan a gastar verdaderamente en el proceso”.

“Tienen en su billetera dos créditos multimillonarios justamente cuando estamos en una época preelectoral, cuando resulta ser que las elecciones van a ser en 2025 y ellos van a tener esos recursos por más de dos años”, agregó.

El portavoz presidencial, Jorge Richter, defendió el “consenso” con el que se aprobó el diferimiento del censo y cuestionó la falta de voluntad del gobernador, Luis Fernando Camacho, de participar en la reunión del CNA que se desarrolló el 11 de julio en La Paz.

“Si habrá sanciones, seguramente el ministro Sergio Cusicanqui se va a tener que encargar sobre una revisión de las formas y cómo ha avanzado la gente ahí adentro, la eficiencia de la gente en el INE. Eso seguramente se va a evaluar”, afirmó portavoz en la entrevista que el sábado otorgó a EL DEBER-Radio y ante las críticas sobre el trabajo que hizo el INE.

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