La diputada por Potosí Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana, pide al Fiscal General del Estado Juan Lanchipa que supervise el juicio por la compra de 42 ambulancias fantasmas por parte de la Gobernación de Potosí. La primera audiencia correspondiente al caso, que debía realizarse ayer martes, se suspendió aludiendo a la falta de notificación adecuada a las partes.
Para Claros, estas acciones de la Fiscalía están encaminadas a encubrir al gobernador Jhonny Mamani y evitar su inclusión en el caso. La asambleísta lamenta que "no existen actuados en contra de la autoridad" a pesar de las pruebas que lo involucran.
Con la suspensión de la audiencia, "todavía no se han abierto los sobres donde se resguarda el material incautado en los allanamientos", y se prolongan las investigaciones.
Claros exige al Fiscal General del Estado que "realice los cambios necesarios para que el proceso avance" y se acabe con "la protección hacia el Gobernador del departamento". Además del encubrimiento por parte de la Fiscalía departamental, la diputada observa el amparo que ofrece la misma Asamblea Legislativa de Potosí que se niega a esclarecer los hechos.
La Gobernación de Potosí habría adquirido hasta 42 ambulancias mediante una gestión irregular. Si bien el propio gobernador Mamani anuló la licitación y la compra de los vehículos, se supo que los mismos ya están en Chile. Las indagaciones observan una relación entre la autoridad y la empresa encargada de la importación de los motorizados, Estefals Logistic.
La demora por parte de la justicia preocupa a la diputada Claros. "No puede quedar el caso en la impunidad", refiere. Pedirá un informe oral para que el gobernador rinda cuentas en la Cámara de Diputados "ya que la Fiscalía departamental no está actuando".
A pesar de las observaciones que surgieron con este caso, el Ministerio de Obras Públicas avaló la importación directa de vehículos nuevos por parte de pequeñas compañías y personas naturales sobre la base constitucional que prohíbe los monopolios