El expresidente Ricardo Martinelli, quien fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, tiene prohibido salir de Panamá. La cancillería le negó este viernes un salvoconducto para viajar a Nicaragua, donde había obtenido asilo político.

 La embajada de Nicaragua en Panamá aceptó proteger a Martinelli al considerar que la vida del ex mandatario se encontraba en riesgo inminente “por razones políticas”. El gobierno del presidente Daniel Ortega le brindó de inmediato un salvoconducto cuando perdió su último recurso ante la justicia panameña para evitar 128 meses de prisión y pagar una multa de 19 millones de dólares.

El fallo de primera instancia fue ratificado en octubre, y desde entonces, Martinelli ha presentado sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de dilatar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios, pero todos han sido rechazados.

"La solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido denegada", dijo la cancillería panameña en un comunicado, y consideró "incompatible" que realice en la embajada nicaragüense cualquier actividad política.

Poco después Managua declaró que la negativa de Panamá para extender el salvoconducto es una "violación" a las convenciones sobre asilo.

 En proceso judicial y electoral

Martinelli, que dirigió el país de 2009 a 2014, había iniciado el pasado sábado su campaña a las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después que la Corte Suprema publicara el fallo que rechazaba su último recurso. Sobre esta acción, dijo que se trataba de una "jugada salvaje e ilegal de último momento" para sacarlo de la carrera electoral, y pidió a sus seguidores que apoyaran a Mulino si es inhabilitado como candidato.

A pesar de sus líos judiciales, Martinelli era hasta ahora muy popular en Panamá, según las encuestas.

El expresidente fue juzgado por comprar en 2010, mientras era presidente, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura.

Para esa adquisición se utilizó una parte de los 43,9 millones de dólares que distintas empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades provenientes del pago de sobornos, hasta un 10% del monto de los contratos originales en obras públicas, según la justicia.

Asimismo, el expresidente debe enfrentar otro juicio en julio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

 

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