Heber Sixto Canaza continúa siendo el único detenido en la cárcel por el secuestro de 17 personas en la propiedad Las Londras, del municipio de El Puente, en la provincia cruceña de Guarayos. Este sábado se cumplen 51 días, desde aquel violento hecho y aún hay seis mandamientos de aprehensión que los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no han logrado ejecutar.
Desde la Asociación de Periodistas de Santa Cruz ven con “impotencia” la lenta investigación en torno en este grave caso.
La comisión de fiscales compuesta por Wálter Cisneros Colque, Delmy Guzmán Justiniano, Iván Quintanilla y Roberto Ruiz, que investiga este hecho violento, ha recolectado imágenes y filmaciones de las víctimas, entre ellas periodistas, donde se observa a encapuchados armados amenazando y disparando al aire y a las llantas de los vehículos de los secuestrados en Las Londras.
Estas grabaciones sirvieron para que la Policía y Fiscalía logre identificar con nombre y apellido a seis involucrados, sobre quienes existen mandamientos de aprehensión, pero hasta la fecha no han sido ejecutados.
Los delitos por los que se acusa a los secuestradores son lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.
La fiscal Delmy Guzmán indicó a EL DEBER que el proceso investigativo por este caso no ha parado y por eso existen seis órdenes de apremio emitidas. Las declaraciones de las víctimas y los elementos colectados durante la investigación sirvieron para demostrar la posible autoría del hecho de Sixto Canaza, quien permanece detenido en la cárcel de Montero.
El abogado de Canaza, César Cardona. apeló la decisión del juez, de detener preventivamente a su cliente y está a la espera de que se fije fecha de la nueva audiencia, donde se pedirá su libertad condicional.
Los investigadores de la Felcc saben que los involucrados en el secuestro, torturas y vejámenes contra 17 personas, entre ellas periodistas, policías y civiles, se encuentran refugiados en San Julián y reconocen que los operativos policiales se tornan difíciles de ejecutar en ese municipio.
Piden celeridad en la investigación
Por su parte, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, dijo que los trabajadores de la prensa tienen una “sensación de impotencia, rabia y amargura” al saber que los “grupos armados continúan actuando sin Dios ni ley”. Además, lamentó la excesivamente lenta investigación de este proceso.
“Para detener a Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, se movilizaron a más de dos mil policías. Y por el caso ítems fantasmas de Santa Cruz, todas las autoridades de Gobierno se pronunciaron, a excepción del presidente y vicepresidente. Pero en el caso de Las Londras aún no hay avances, entonces ¿Qué somos los periodistas, ¿no somos también ciudadanos?”, preguntó.
Méndez dijo que se envió una conminatoria al Comando Policial de la Chiquitania exigiendo que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra los sindicados. Además, se envió otro documento similar a la notaría de San Julián para que remita a la Fiscalía el acta que firmaron los periodistas cuando estaban privados de libertad.
“Con esa acta se podrá identificar los nombres de las personas que secuestraron a los periodistas y los obligaron a firmar un acta para que los dejaran en libertad. Esto ayudará a las investigaciones, porque se podrá dar con el paradero de otros involucrados”, explicó.
Asimismo, el representante de los periodistas pidió al Ministerio Público indagar la relación del director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, con los secuestradores armados y encapuchados en Las Londras donde ese funcionario sospechosamente se trasladó al día siguiente de los sucesos aireados públicamente.
No solo el caso de Las Londras quedó paralizado. La Fiscalía no avanza en la investigación de los encapuchados que usaron vehículos incautados en los días de paro. Cuestionan que haya comisiones ágiles en casos como el de Marco Pumari
La Policía tendrá que informar al Ministerio Público por qué no ejecuta las otras cuatro órdenes de aprehensión contra el grupo de avasalladores de tierras. Esperan informes completos de peritajes de teléfonos secuestrados