Bernardo Montenegro, vocero municipal, informó este lunes que ya se solicitó la complementación y enmienda al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la determinación en el caso del Mercado Mutualista. 

La sala tercera del TCP emitió la sentencia constitucional 0531/2024-S3 que deja sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal 417 de 1 de diciembre de 2016, y todos los actos emergentes de la misma; así como el Testimonio 583/2019 de 30 de julio, otorgado por la Notaría de Gobierno del departamento de Santa Cruz. “En consecuencia, se ordena la cancelación del registro en DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”, dice parte de la resolución.

"Ya se solicitó complementación y enmienda al Tribunal Constitucional; sin embargo, hay que aclarar que el gobierno municipal ha inscrito en derechos reales el derecho propietario del Mutualista y eso va mas allá de la determinación, porque ya hay un derecho propietario registrado", aseveró Montenegro.

Para el vocero, "no van a conseguir tumbar la propiedad sobre el Mutualista del gobierno municipal".

En cuanto a la entrega de documentación del predio, el jurista la calificó como una incongruencia. "Por un lado tenemos una orden que no se puede entregar planos y documentos; y otro que da plazo de 5 días, para entregar todo siempre y cuando se cumpla los requisitos".

Montenegro manifestó que "es increíble como una magistrada pueda emitir esta resolución, conociendo la historia de esta problemática".

Desde el lado de los comerciantes

El abogado Otto Ritter, representante legal de los intereses de los gremiales del Mercado Mutualista, indicó el fin de semana que se realizará una serie de acciones legales para apelar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En un contacto con EL DEBER, Ritter indicó que se solicitará “una complementación enmienda a estos mismos autoprorrogados” y se los denunciará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque eso es lo que dice la normativa, es decir, seguirles un proceso de juicio de responsabilidades.

Ritter también dijo que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra debería tomar las acciones pertinentes, pero “lamentablemente para mi el municipio ha jugado en contra de Santa Cruz y ha habido una combinola entre varios funcionarios municipales”, complementó el abogado.

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