Dos equipos de televisión fueron retenidos durante dos días por avasalladores y comunarios que resistieron una acción policial desplegada para la recuperación de una propiedad privada, en la comunidad Caranda, en el municipio de Bella Vista, del departamento de Santa Cruz, según fuentes de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
El periodista Joel Orellana y el conductor Miguel Ángel Rivero de la red privada de televisión Unitel; el periodista Fabricio Escalante y el conductor de la unidad móvil Mauricio Sandóval, de la Red Uno, fueron los afectados.
Los enviados de prensa ingresaron, la madrugada del lunes 26 de agosto, en una zona rural para la cobertura informativa sobre la intervención policial en una casa que funcionaba como oficina de los sindicados del avasallamiento de tierras agrícolas.
La comunidad Caranda, donde se realizaron las acciones policiales, se halla a unos 100 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, entre los municipios de Buena Vista y Portachuelo.
Los comunarios reaccionaron llamando a una concentración de personas; además hicieron explotar fuegos de pirotecnia, luego derribaron árboles sobre el camino de tierra y organizaron una vigilia, que impidió a los policías, periodistas y cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) su retorno a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera había indicado, el pasado martes, que los avasalladores impidieron que los policías, periodistas y otras personas que estaban en el lugar regresaran a la capital cruceña, luego de que se realizó el desapoderamiento del predio privado en Caranda.
Sin embargo, en posteriores declaraciones, el comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, lo contradijo y señaló: “Algún otro comentario referente a una supuesta emboscada o una especie de sitio que hubiesen realizado los mismos (avasalladores) ha sido totalmente descartado”.
El pasado lunes 26 de agosto, más de 200 policías llegaron hasta la zona con la orden judicial de recuperar (desapoderamiento) de 33 hectáreas ocupadas, de un total de 128 hectáreas, que corresponden a la propiedad agrícola “Causal de Caranda”.
El bloqueo se extendió por el resto del lunes y el martes 27 de agosto. En ese lapso, los periodistas se acercaron al campamento levantado por los policías para buscar protección. Para alimentarse, tuvieron que preparar su comida con insumos comprados en un comercio vecinal, relataron a la ANP.
Durante dos noches durmieron en los vehículos alquilados, los que sirvieron para su transporte; en ese tiempo doportaron temperaturas que por las madrugadas descendían hasta los 14°C.
“Fuimos amedrentados para no grabar imágenes del momento en que impidieron salir a los funcionarios del INRA. Nos acusaban de dar mala información”, declaró Joel Orellana a la Unidad de Monitoreo de la ANP.
Debido al bloqueo, en la tarde del martes un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) llegó hasta la comunidad para dejar víveres para el contingente policial. En la madrugada del miércoles 28, al desaparecer la vigilancia en el camino, los dos equipos de prensa lograron abandonar el lugar y retornar a la capital.
La acción de los avasalladores trae a la memoria el secuestro y tortura de seis periodistas registrado el 28 de octubre de 2021, en el predio agrícola Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y que permanece en la impunidad.