El juez de instrucción cautelar Juan José Cossío ordenó el arresto domiciliario para el abogado Carlos Abel G. O., que fue sindicado de ofrecer $us 50.000 para que los funcionarios de Aduana liberen el cargamento con 192 armas de guerra que estaba retenido en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz.
La comisión de fiscales, compuesta por Delmy Guzmán, Julio César Porras y Rubén Ordoñez, imputó al jurista por el presunto delito de tráfico de armas, por lo que pidió su detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en una audiencia cautelar que se desarrolló este lunes.
Sin embargo, el juez Cossío rechazó el pedido de prisión carcelaria y ordenó la detención domiciliaria para el abogado Carlos Abel G. O., luego de que la defensa legal del imputado desvirtuó los riesgos procesales.
Según el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, el abogado Carlos Abel G. O. le ofreció $us 50.000 al ex director regional de Navegación Aérea de Aeropuertos Bolivianos (Naabol) de Santa Cruz, Ronald Callejas para que medie en favor del cargamento de armas que llegó proveniente de Turquía.
Según la Fiscalía, el ex director de Naabol, con el afán de recibir los $us. 50.000, se reunió con funcionarios de Aduana y les dijo que el cargamento tenía documentación legal. Luego les pidió que lo entreguen a la empresa importadora.
De acuerdo a las investigaciones, la suma de dinero no se llegó a pagar porque las armas no fueron liberadas por la Aduana.
Esta acusación de la Fiscalía, fue rechazada por la defensa legal del abogado Carlos Abel G. O. y por el ex director de Naabol, quienes negaron tener vínculos con el tráfico de 192 armas.
Por este caso, ya se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola el militar en retiro Oscar Z. C., quien admitió ser uno de los cinco socios de la empresa Armour-LLC SRL, que fue la encargada de transportar las armas desde Turquía.