En la mañana de este viernes 27 de septiembre, una comisión conformada por el alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, la diputada María René Álvarez, un fiscal, la jueza agroambiental Evelin Ortega Vallejos, cívicos de San Ignacio de Velasco, la directora departamental de la ABT, Vaneza Mérida, miembros de la ONG Natura, y una treintena de policías partieron hacia al área protegida Bajo Paraguá, como parte de una inspección que se había suspendido dos veces en esta semana.

La acción se desarrolló por las denuncias -desde 2021-de avasallamientos, incendios y daño ambiental de parte de colonos en esa parte de la Chiquitania, y que han dejado desmontes por mil hectáreas y quemas en cerca de medio millón de hectáreas en esa área protegida municipal, que también es reserva forestal.

La inspección marchaba por buen camino hasta que la Policía aprehendió a cuatro dirigentes, lo que encendió la molestia de los avasalladores, que emboscaron a las autoridades y, según la escasa información por poco acceso a señal telefónica, agredieron a la jueza.

Los policías habían salido con anticipación junto a los aprehendidos, pero dejaron solas a las demás autoridades, según últimos reportes.

"Hasta las cinco de la tarde todo marchaba bien, pero luego los emboscaron, tuvieron que huir hacia San José de Campamento, y los colonos los siguieron hasta ahí. Sus vidas están en peligro, la diputada María René Álvarez está en peligro. No entendemos el silencio del Ministerio de Gobierno, tampoco entendemos por qué se llevaron la ayuda aérea a Concepción, y los bomberos españoles, ignoraron a San Ignacio. Algo extraño está pasando con las autoridades de Gobierno en lo que respecta a Bajo Paraguá", dijo un funcionario de una de las organizaciones que formó parte de la inspección.

Esta semana, un grupo armado de colonos impidió el paso de bomberos y ayuda hacia Bajo Paraguá y el Parque Noel Kempff Mercado, exigiendo que les devuelvan el combustible decomisado.

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