El abogado Jorge Valda adelanta una acción ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la persecución que se sigue en contra del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo, tras su destitución como médico de la Caja Petrolera de Salud (CPS). Valda, abogado de Calvo, observa una intervención política directa en la resolución del proceso administrativo interno.
Durante una entrevista en el programa 'Influyentes', de EL DEBER Radio, Valda denunció "una persecución política de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo y de ministros de Estado" en contra del dirigente cívico. A raíz de esa injerencia, las autoridades de la CPS han determinado destituir al médico mediante un proceso, que según el jurista, está "lleno de irregularidades".
Calvo cuenta con un ítem como médico especialista en la Caja Petrolera de Salud. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el propio Calvo, accedió al puesto de trabajo mediante concurso de méritos. A eso se añade que cumple diversas funciones como responsable del Sindicato Médico y Ramas Anexas (SIMRA) en la CPS, por lo cual la destitución sería improcedente.
La defensa legal de Calvo apelará en tres niveles la determinación asumida por la administración de la CPS. Por un lado, remitirá el caso a nivel internacional ante la OIT, alegando "persecución" y "violación al derecho a trabajo".
También se presentará una apelación a la resolución administrativa disciplinaria interna emitida por la CPS. A estas dos acciones se añadirá una demanda interpuesta ante la Fiscalía por "atentado a la libertad de trabajo", señala Valda.
Los trabajadores afiliados al sindicato médico de la CPS han manifestado su apoyo tanto a Calvo como a Fernando Castedo, quien también está incluido en la resolución administrativa. El comunicado publicado por el SIMRA indica que dicha organización se declara en estado de emergencia en apoyo a los dos profesionales médicos destituidos.
Valda considera que los directivos de la CPS han sido presionados por el poder político en función de gobierno para determinar la destitución de ambos cívicos y que se estaría amenazando con juicios a quienes hubieran respaldado los pagos de salarios a Calvo en la CPS.
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