El Juzgado de Instrucción de Anticorrupción Primero de la Capital notificó a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para recibir, en calidad de comodato, la clínica Kamiya, que fue incautada dentro de las investigaciones por el caso Marset.
Así lo dio a conocer el jefe del departamento Jurídico de la Uagrm, Eduardo Ribera. Además explicó que la casa de estudios superiores fue notificada el 17 de julio para administrar tanto la clínica como sus equipos, ya que fueron incautados por Dircabi.
“Lo tomamos con mucha sorpresa, grata, y con mucha responsabilidad, puesto que es beneficioso para la universidad, aclarando que la clínica pasaría a la universidad, no al seguro universitario. La Uagrm podría brindar un seguro a la universidad, podría incentivar dentro de la academia; nuestros estudiantes podrían hacer prácticas y los docentes investigación”, aseveró Ribera.
Sin embargo, el funcionario aclaró que esperan que el juez notifique a la casa moreniana mediante una resolución, puesto que, con la simple notificación recibida el 17 de julio, la Uagrm no puede entrar en calidad de comodataria sobre los bienes y patrimonio de la clínica Kamiya.
El pasado 17 de noviembre, un médico y el propietario de la clínica fueron enviados a la cárcel de Palmasola por el lapso de 90 días, acusados por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas ante supuestos nexos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset.
Según las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), los propietarios del centro médico tenían estrecha relación con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y compartían vida social en fiestas, gimnasio y otros lugares. Además, hicieron fuertes inversiones en la clínica, de acuerdo con la información judicializada.
El 14 de noviembre, ambos profesionales se presentaron a declarar ante el asignado fiscal, Erwin Jiménez, pero decidieron guardar silencio. Al final la Fiscalía emitió una orden de aprehensión dentro de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.