La vicepresidenta del Concejo, Lola Terrazas, advirtió que presentará acciones legales contra quienes permitieron y avasallaron terrenos de la comuna, colindantes al Jardín Botánico. Es más, la semana pasada la legisladora verificó que en el lugar hay un letrero de propiedad privada. 

“Nos molesta la dejadez del Ejecutivo municipal para proteger y conservar estos predios municipales, que están destinados para la laguna de regulación de aguas del Distrito Municipal 7”, manifestó Terrazas a tiempo de indicar que por este hecho remitirá cuatro oficios externos, para que las autoridades pertinentes realicen las medidas que corresponden para evitar este daño a un bien municipal.
 
El primero, será al Ministerio Público, porque ya existe una denuncia abierta sobre este caso; el segundo, irá dirigido a la Subalcadía del Distrito 7, porque desde esa entidad se debió asumir acciones para precautelar el bien municipal. 

El tercero estará dirigido a la Unidad Jurídica de la Alcaldía para que accione el proceso legal correspondiente; y cuarto, a la Secretaría de Medio Ambiente para determinar el daño ambiental por la tala de árboles.
 
“¿Por qué el Ejecutivo municipal ha permitido este tipo de atropello a los bienes de los cruceños? ¿Por qué no se respetan las medidas precautorias, y se evita la confusión de la gente con este tipo de letreros? Los asentamientos se están consolidando y los árboles se están tumbando”, cuestionó la legisladora. 
 
En julio del 2022 se hizo una denuncia por los avasallamientos a predios colindantes del Jardín Botánico. Tras esto se activó una denuncia penal y en diciembre la Policía procedió al desalojo de los loteadores. Sin embargo, en julio de esta gestión nuevamente volvieron a irrumpir de manera ilegal estos predios, para realizar trabajos para hacer viviendas.
 
A estos hechos, se suma que los avasalladores iniciaron un proceso por mejor “derecho propietario”, en contra del municipio, en fecha 24 de febrero de esta gestión. Actualmente, estos terrenos tienen un letrero de advertencia como propiedad privada para tratar de evitar la fiscalización de concejales y que autoridades municipales y policiales puedan asumir acciones de desalojo.

Lea también

​