Después de seis horas, la Policía tuvo que intervenir y a punta de gases lacrimógenos lograr dispersar a los micreros que mantenían encerrados a los concejales.
La medida de presión era para exigir a los legisladores una respuesta favorable a la solicitud de incremento de la tarifa, sin embargo, los concejales rechazaron el informe remitido por el Ejecutivo Municipal y afirmaron que si no existe un estudio de costos previo, no se definirá nada.
Ante la gasificación, los micreros reaccionaron con violencia, por lo que se extendió el enfrentamiento a escasos metros de la plaza 24 de Septiembre. Cerca de las 19:30, los ánimos se calmaron, los micreros se fueron y los ediles salieron.
"Hoy 13 de noviembre de 2024 se ha escrito una página oscura en la historia de Santa Cruz. El Concejo Municipal ha sido secuestrado por un grupo de transportistas que pretenden imponer un incremento de tarifas de forma ilegal y arbitraria", dijo la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel.
La edil dijo que "denunciamos públicamente que mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas particulares han sido apedreadas, insultadas y agredidas por una muchedumbre que ha puesto en riesgo a personas inocentes".
Afirmó que "el pecado del Concejo Municipal es cumplir la ley, Es exigirle al alcalde Jhonny Fernández que presente un estudio técnico para debatir el tema de las tarifas. Le decimos de frente: señor alcalde, cumpla la ley. Actúe con honestidad y no pretenda eludir sus responsabilidades".
En la sesión de hoy, según Mucarzel, hemos escuchado a los dirigentes del transporte y les hemos explicado nuestra posición. La conclusión es una sola: Jhonny Fernández a faltado a la verdad y pretende no asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía.
"Es inadmisible que los secuestradores hayan impedido la salida de mujeres embarazadas o personas con enfermedades de base. Esa acción tiene y tendrá consecuencias legales", advirtió la presidenta del Concejo, a tiempo de señalar que "no podemos permitir que esta situación se repita. No queremos violencia ni enfrentamientos".
Remarcó que "queremos decir con claridad que se mantiene la tarifa de 2 bolivianos para el transporte público. Y como Concejo vamos a defender la economía de todos los cruceños. Todo dentro de la ley y de la conciencia limpia y tranquila".
La justicia no encontró pruebas fehacientes contra el diputado que fundamentó que solo pidió se investigue los nexos del concejal con Ruddy Sandoval, asesinado a balazos en Brasil en supuesto ajuste de cuentas