Este sábado 26, en el programa "¡Qué Semana!", de EL DEBER Radio, estuvo Lordy Suárez, cacique de San Simón y vocero de la marcha chiquitana, que en este momento se encuentra en San Ignacio de Velasco, negociando en su pliego petitorio en mesas técnicas.

Si bien se estaba trabajando con representantes de ese municipio, hasta mediodía de este sábado aún no había aparecido el alcalde, tampoco autoridades nacionales, con excepción de los enviados por la Defensoría del Pueblo.

- Todos los años los pueblos indígenas inician una nueva marcha que encuentra oídos sordos desde el Gobierno, ¿qué número de marcha es esta?​

En San Ignacio, del Alto y Bajo Paraguá, es la primera marcha. Siempre hubo marchas indígenas, pero normalmente han venido del Beni, del Tipnis, etc., y nosotros hemos ido a engrosar esas marchas. 

Pero esta es la primera marcha chiquitana, la nuestra, hemos ya llegado aquí al lugar (San Ignacio de Velasco). Y más que pedidos, tenemos pedidos y propuestas, es decir que a cada cosa que pedimos, le damos la propuesta de acuerdo a nuestra perspectiva y a nuestra visión como pueblos indígenas chiquitanos. 

Dentro de los temas, el puntal de lanza son obviamente los avasallamientos, sobre los que tenemos un abanico de propuestas.

También estamos con los incendios forestales, proponemos que se hagan de forma planificada; además están los derechos de pueblos indígenas, el tema del alza de precios en la canasta familiar, que están subiendo demasiado. Nuestra comunidad está destruida, y si no tenemos naturaleza, no tenemos economía.

Luego también están los temas de salud, de educación, de ítems, de infraestructura, la sequía. Ahora estamos comenzando con el Gobierno Municipal. Hemos elaborado con ellos cinco mesas técnicas de acuerdo al pliego petitorio, las hemos separado, se las hemos propuesto, y el planteamiento ha sido aceptado al 100%, gracias a Dios lo planteamos bien. 

Ayer (viernes) terminamos la parte técnica, en la primera mesa. Ahora estamos en la segunda mesa, que es el tema de salud. 

Aún no hemos tocado el tema de avasallamiento, porque es área protegida es municipal, entonces es el alcalde quien tiene que tomar las decisiones junto con nosotros, para que podamos planificar todas las acciones que se van a hacer, y que se cumplan, y que estampe su rúbrica, pero no estuvo presente, lo estamos esperando.

No queremos cansar a la gente, y queremos que la gente día a día vaya levantando la autoestima con los logros, los objetivos en cada mes de trabajo que estamos consiguiendo, que al fin y al cabo la marcha solamente fue para enviar el mensaje, para que se escuche nuestra voz. Dentro de esta marcha no hay nada político.

- ¿Qué tan grave es la situación del avasallamiento en el territorio de Alto y Bajo Paraguá?

Es grave porque este territorio, aparte de ser área protegida municipal, es una TCO, entonces tiene dos candados, que no les han importado, más bien quieren negociar para que eso se les convierta como tierra agrícola, y la verdad el problema no es sacarlos, cuando normalmente se van pillan a poca gente, o alguien le da la información y se van a sus comunidades, porque son de cerca, van de San Julián y de San Martín, para ser concretos. 

Están buscando tierra para sus hijos, pero no deben hacerlo de esa manera, invadiendo los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, eso es un delito, no corresponde, porque esas tierras no son para eso, y tampoco para ellos, y lo otro es que están las mejoras ahí, entonces nadie toca las mejoras, por eso se van, vuelven y siguen trabajando, y día a día, año a año siguen habiendo mejoras. 

Un cálculo aproximado dice que ya son por lo menos mil hectáreas que ya tienen trabajadas, desmontadas, incluyendo ahí donde han hecho su asentamiento, para que hagan su vivienda precaria. 

Entonces la situación es tal, que no los pueden parar, van, pillan a unos cuantos, desaparecen, se van las comisiones y vuelven a ingresar, y siguen haciendo mejoras, entonces, en vez de parar el problema o solucionarlo, que está ahondándose cada vez más, y cada día llega una familia más, y que va a querer tierra, y se van a seguir avanzando, y están acabando con todas las cosas. 

-¿Cuál es la realidad de los pueblos indígenas frente a estos avasallamientos y después el fuego, hay desplazamiento?

No podría decir que hubo un desplazamiento forzado, pero sí ya nos dimos cuenta que hubo un desplazamiento voluntario, trabajado metódicamente.

¿Qué significa eso? Nosotros los pueblos indígenas basamos nuestra economía en la naturaleza, en lo que la naturaleza nos da. Nosotros no metemos agroquímicos, no metemos tecnología, trabajamos artesanalmente con el hacha, nuestro machete, y el mejor de los casos es una motosierra para el chaquito.

Normalmente lo hacemos dos o tres años y nos vamos a otros lugares, dejamos que ese bosque vuelva a regenerarse para que después de cinco o diez años ya estemos volviendo a trabajar ahí mismo, porque normalmente nuestra área no la devastamos como lo hacen ellos.

Eso que están haciendo industriales, menonitas y estos señores que trabajan en sus comunidades y de manera también invadiendo y avasallando, los interculturales y otras organizaciones sociales que están ahí, nos está llevando a la sequía más prolongada de nuestra historia, y eso significa hambruna. 

Si dejamos que sigan trabajando al ritmo que lo están haciendo, va a llegar un determinado momento en que el río se va a secar, las lluvias ya no van a caer. 

El nombre no es por nada, que se le dice bosque seco chiquitano porque no es (húmedo) como el amazónico, entonces nosotros tendremos que ir a engrosar las periferias de pobreza de las ciudades intermedias y capitales y la cultura indígena chiquitana va a desaparecer y ellos van a ocupar todo el territorio.

Es así, o sea, increíblemente, pero es así. Vamos a ser desplazados por nuestra propia voluntad si no ponemos un alto a esto. No estamos en contra del progreso, pero hay que hacerlo de manera, con criterios sociales y ambientales para que sea sostenible en el tiempo, no como ahora que es insostenible en el tiempo. 

- Para una mayor precisión, ¿cómo se componen el Alto y Bajo Paraguá?

En Bajo Paraguá son cuatro comunidades indígenas, en el Alto Paraguá somos 13. En el resto, hay un montón de comunidades que han sido asentadas, el INRA no ha hecho el debido proceso respetando nuestra libre determinación.

Primero tenemos que ser consultados y luego dar nuestro consentimiento libre e informado, para que una cosa pueda aparecer, acontecer y que tenga una afectación directa o indirecta en nuestro territorio, en nuestro modo de vida. 

Ustedes (INRA) que tienen la competencia exclusiva no consultan a nadie, avanzan, no aplican la ley, pero si un chiquitano lo hace, las multas se ejecutan al momento. A ellos le dan los permisos de chaqueo de manera inmediata, con un chasquido de dedos, y nosotros no podemos hacerlo. 

Chaqueamos sin permiso porque tenemos el dilema de que si comemos o le hacemos caso a la ABT y a la ley. Estamos llenos de multas por la ABT, multas ejecutoriadas. 

El Bajo Paraguá tiene su TCO, tiene su área protegida y en el Alto Paraguá no tenemos. Nosotros queremos proponer recién a estas alturas que nos escuchen para que hagamos una TCO para que le demos la oportunidad a nuestros hijos en el futuro, de que desarrollen sus propias actividades en su propio territorio. 

Antes de las normas incendiarias no había incendios porque nosotros trabajamos para la naturaleza. La estadística muestra que liberaron la frontera agrícola y todas las normativas que han puesto sabiamente ellos sin consultar a la población, sin socializar, sin ver nuestros temas ancestrales, que podrían servir de guía para no llegar a estos desastres que afrontamos ahora.

Hay comunidades que han ido a mirar a la ABT y han encontrado multas que superan los Bs 20.000, 40.000, 60.000, en algunas hasta 80.000, va sumando en el tiempo, como si le estén cobrando interés. 

Estamos proponiendo una reestructuración completa de la ABT, pero no solo de su normativa, sino también de que sea una instancia que realmente controle, que tenga la capacidad de control y seguimiento de los bosques. 

Y eso quiere decir que también vamos a proponer que la Policía entre al lugar, si hubiera existido una base del Ejército, por ejemplo en la comunidad Santa Rosita de Lima, habría presencia del Estado, para que no estén piloteando la madera, porque ahí no hay control del Estado en nuestra zona. Manda la ley del más vivo y es la ley del que tiene respaldo político, económico. 

Además, nosotros como no tenemos la capacidad de estar haciendo procesos administrativos, ya saben cómo está la justicia 

- ¿Han tenido ustedes la visita de alguna autoridad o representante de instituciones en San Ignacio de Velasco para recoger sus demandas y sus propuestas? 

Estamos trabajando con cinco mesas técnicas en el municipio. Ayer terminamos una, ahora vamos en la otra. Vamos una por una porque la gente participa. Nosotros no nos estamos reuniendo con nadie entre cuatro paredes, sino de forma pública, transparente y que la gente sea parte, dirija y defina su propio futuro.

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