La audiencia cautelar de la asambleísta departamental de Creemos, Shirley Hurtado, se desarrollará este jueves 24 de julio, a las 14:00. La Fiscalía pide que sea recluida en la cárcel de Palmasola, por el lapso de 90 días, porque supuestamente realizaba cobros irregulares en la Gobernación de Santa Cruz.

En la imputación presentada por la fiscal Marcela Terceros, a la que tuvo acceso EL DEBER, se sindica a Shirley Hurtado por el delito de concusión. Las víctimas son dos exfuncionarias de la Gobernación cruceña.

La asambleísta fue aprehendida el martes, cuando se presentó a declarar en calidad de denunciada, en las oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicado en la plaza del Mechero de la ciudadela Plan Tres Mil.

“Se presentó a declarar la señora Shirley Hurtado, recordemos que ella está denunciada por el delito de concusión, debido a que hay dos personas que aducen que ella cobraba por contratos o ítems de la Gobernación. El Ministerio Público ha tomado la decisión de aprehender a la asambleísta”, informó la fiscal Terceros.

Shirley Hurtado será puesta ante un juez cautelar este jueves, a las 14:00. En la imputación presentada en su contra, la fiscal pide que sea detenida por 90 días, tiempo que servirá para realizar una pericia al celular de la sindicada y solicitar información a entidades financieras sobre sus cuentas.

“Hay elementos necesarios para pedir su detención, ya que hay declaraciones de las víctimas; existen los requerimientos que han sido emitidos por entidades bancarias, donde se corrobora lo que dicen las víctimas y que el dinero era transferido mediante QR directo de las cuentas de las víctimas a la cuenta de la asambleísta Shirley Hurtado”, precisó.

En el documento de imputación, se informa al juez que existen riesgos procesales vigentes, como de fuga y obstaculización, puesto que la asambleísta ya intentó influir en las víctimas, debido a que envió a una tercera persona para pedirles que desistan de la denuncia por concusión.

En sus declaraciones, las víctimas refieren que dieron varios pagos de Bs 3.000, 700, 300 y 200 a la cuenta de la asambleísta porque, supuestamente, les ayudo a trabajar en la Gobernación. Incluso, señalan que la asambleísta les exigía que le den hasta sus vales navideños y cuando se negaron a hacerlo fueron despedidas.  

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