El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Luis Fernando Menacho, reiteró que, para la firma del convenio para la ejecución del tramo carretero Las Cruces-Buena Vista hace falta el compromiso escrito del Gobierno que especifique puntualmente de dónde saldrán los recursos económicos.
En contacto con EL DEBER Radio, Menacho dijo que la Gobernación nunca se opuso al proyecto que beneficia al departamento, lo que no pueden hacer es asumir un compromiso sin tener asegurado los recursos porque peligra la economía de la institución.
Fue más específico en su afirmación. "Es un proyecto de gran envergadura, son Bs 490 millones que debemos poner de contraparte. Hay una cláusula de rigor que dice que, si nosotros (Gobernación) no tenemos los fondos cuando la obra esté en plena ejecución, ellos nos pueden debitar recursos de cualquier cuenta”. Como dato adicional, dijo que el presupuesto de infraestructura para todo el departamento es de Bs 159 millones.
Por otro lado, aclaró que dicho proyecto data de hace 12 años. Hay una carta de 2016 donde la gestión anterior asume el compromiso de pagar la contraparte y no lo hicieron. “En esos 5 años, por qué no se movilizaron, si la economía de la Gobernación era mejor que la que tenemos hoy. Ayer (jueves) nos amenazaron con meternos un juicio de responsabilidades, ¿por qué no lo hicieron antes? Hay una campaña de desprestigio contra nuestro gobernador Luis Fernando Camacho”, expresó Menacho.
Este jueves, autoridades de la Gobernación se reunieron con personeros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que llegaron desde La Paz y no se concretó ningún acuerdo. En el transcurso de la jornada recibirán a una comisión del Ministerio de Planificación.
La Gobernación de Santa Cruz debe asumir el 30 por ciento de financiamiento, para ello busca un financiamiento de 10 años, la ABC pone la contraparte. También se encarga de la licitación y fiscalización de la obra.
Se informó de que existen más de Bs 2.000 millones disponibles para que los gobiernos subnacionales accedan para garantizar las contrapartes que le corresponden en obras púbicas. El problema de fondo en el conflicto sería que la Gobernación no cuenta con el equivalentes al 30% de la obra