"Atiendan de una vez las demandas del pueblo chiquitano", repitió una vez más este martes 29, desde La Paz, la diputada de Creemos María René Álvarez, ante la falta de respuesta de las autoridades departamentales y nacionales a las demandas de los indígenas de tierras bajas.

Con un llamado a apoyar las resoluciones de los cabildos y asambleas indígenas de la Chiquitania,  Álvarez exigió a respuesta las demandas de los pueblos y comunidades, afectadas por los avasallamientos e incendios forestales.

El pronunciamiento de la legisladora se dio luego de las recientes reuniones de las comunidades de San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, el Alto y Bajo Paraguá, que definieron tomar medidas de presión.

Dos marchas simultáneas

Este martes 29 de octubre, los indígenas que se encontraban en la Plaza 24 de Septiembre durante varias semanas, sin ser escuchados, salieron con la decisión de bloquear varios puntos, a partir de la medianoche de este miércoles 30. Se trata de la Marcha por la dignidad, Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia.

Los voceros además informaron que empezarán a desalojar a los avasalladores, y responsabilizaron al nivel central sobre las consecuencias.

Mientras tanto, otra caravana, la ancestral de las comunidades del Alto y Bajo Paraguá, ya el 28 de octubre inició la toma de instituciones en San Ignacio de Velasco, donde permanecían en vigilia, por la falta de atención de las autoridades. Tomaron la ABT, Alcaldía, Fiscalía y Subgobernación.

Apoyo de los cívicos

A través de un pronunciamiento, los Comités Cívicos Provinciales dieron su respaldo a las medidas anunciadas en la Asamblea de la Central de Comunidades Indígenas Turubó (la primera marcha), que determinó el bloqueo de carreteras y líneas férreas desde este miércoles 30.

Los cívicos de provincias cuestionaron la discrminación a los pueblos originarios, privilegiando acuerdos políticos con sus grupos de bartolinas, interculturales, Csutcb, etc.

 "Las tierras son de los cruceños y no pueden negociarse. En este sentido, San Ignacio, San Rafael y Guarayos han asumido determinaciones en defensa de los usos y costumbres, en defensa de sus territorios ancestrales, y en las provincias asumiremos las acciones que correspondan en defensa de nuestro territorio", advirtieron en el pronunciamiento.

Otras prioridades

La diputada Álvarez deploró que toda la agenda del Gobierno se concentre en la “narconovela” de las pugnas políticas entre facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), y que con eso descuide la gestión y la atención a los problemas de la población. 

“A nosotros los chiquitanos no nos importan los líos internos y peleas de pandilleros entre masistas; a nosotros nos interesa que se den soluciones a nuestras demandas, que se retire a los avasalladores, se identifique y procese a quienes provocaron los incendios, que terminaron con más de diez millones de hectáreas y que se respete a los pueblos indígenas”, expresó.

En ese contexto, cuestionó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esté entregando títulos de propiedad en medio del desastre ambiental que vive la región, a grupos afines al Gobierno que son, además, identificados por los propios comunarios, como los responsables de las quemas descontroladas. 

También lamentó que los personeros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), no acudan al llamado de las comunidades chiquitanas, que luego de la marcha dieron un plazo de 48 horas para que los funcionarios se hagan presentes en la vigilia y den soluciones a las demandas planteadas por sus caciques y máximas autoridades, en el marco de la justicia indígena. 

Pese a las constantes denuncias y exhortos para que el Ministerio Público tome acciones contra los asentamientos ilegales dentro del Alto y Bajo Paraguá, para Álvarez la Fiscalía no actuó en su momento y dejó que los grupos de avasalladores tomen posesión de las tierras, y apuntó a que también fue alentado por el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, quien desde octubre de 2023 incumple una Acción de Cumplimiento emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Santa Cruz.

"La protesta es justa, pues las autoridades de los tres niveles del Estado actúan con negligencia y no atienden las demandas del pueblo chiquitano", aludió la legisladora que, en el marco de sus atribuciones de fiscalización, remitió Peticiones de Informe Escrito (PIE) sobre estos y otros hechos de conocimiento público al nuevo fiscal general Roger Mariaca, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Ceballos. 

En el cuestionario solicita información de los expedientes del caso de avasallamiento, incendio, delitos contra la salud pública, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza natural en el Área Protegida Municipal de Bajo Paraguá. 

De igual forma, pide datos del expediente de Las Londras, caso que cumple tres años desde el secuestro de policías, trabajadores y periodistas en 2021, por un grupo de avasalladores encabezados por Paulino Camacho y Sixto Canaza, actualmente en libertad.

La Gobernación tampoco se ha manifestado sobre las marchas indígenas, a pesar de que el gobernador en ejercicio hizo una aparición pública este martes, criticando la violencia en los bloqueos de la pugna entre masistas.

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