"Las falsas soluciones a la crisis climática, como los bonos de carbono, los mecanismos de compensación por biodiversidad, los megaproyectos de transición energética, la geoingeniería, la energía nuclear y otros basados en la lógica de la compensación y mercantilización de la naturaleza, son mecanismos de negocios para las grandes corporaciones y estados históricamente responsables de la crisis climática global. Estos proyectos son una nueva forma de despojo (...)", dice una de las conclusiones del Foro Social Panamazónico (FOSPA BOLIVIA 2024), realizado en San Buenaventura y Rurrenabaque, del 10 al 16 de junio.

Asimismo, los pueblos indígenas participantes, además de ONGs y colectivos ambientales, hicieron un llamado para frenar el avance de estos "perversos mecanismos".

"Nos comprometemos a liderar y promover alternativas y soluciones reales, no mercantiles ni tecnocráticas, y a proporcionar mayor información sobre esta problemática", dijeron sobre este tema.

Wilfredo Tsamash, en representación de los indígenas awajún, de Perú, compartió que algo grande que se sufre en el Estado peruano son los bonos de carbono, que se están generando sin la participación de los pueblos indígenas.

"El mundo habla de cambio climático como nuevo modelo, de créditos de carbono para el cuidado del bosque, pero cuánto asiste a la población indígena con los recursos generados, con proyectos, de acuerdo a la evaluación de Verra, para que se pueda trabajar en sostenibilidad económica y crecimiento de los pueblos indígenas", apuntó.

Walter Limache, coordinador general del FOSPA, argumentó que los mercados de carbono son nuevos sistemas disfrazados de todo el proceso desarrollista, que a cambio de la venta de carbono, del mismo modo igual están incidiendo en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que tienen las poblaciones en los territorios.

"Bolivia hoy ha aflojado en ese tema porque antes no lo aceptaba y es uno de los que está promocionando. De hecho, se han hecho viajes afuera, donde han ido ofertando, y hoy en día se está abriendo eso porque claro, el país no tiene plata y esa es una de las vías que pudo identificar el Gobierno para abrir estos mercados de carbono" aludió.

Dijo que se está permitiendo este mecanismo, al margen de la Ley de la Madre Tierra es crítica al respecto

"Hay una vulneración de toda la normativa constitucional y de toda la legislación nacional, no sólo para el tema de carbono, sino también para otros temas, como la minería. De hecho no hay una capacidad para frenar el avance de los mineros que hasta han demandado derechos expectaticios en áreas protegidas del país para poder entrar y generar todo un proceso de explotación del oro", recalcó.

 Normativa boliviana

La Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia, promulgada en 2012, establece un marco para la protección de la Madre Tierra (la naturaleza) y para el desarrollo integral sustentable.

En cuanto a los mercados de carbono y los bonos de carbono, la ley adopta una postura crítica.

La norma rechaza los mecanismos de mercado como los bonos de carbono, argumentando que transforman los servicios ambientales en mercancías.

Esto se considera incompatible con los principios de la ley, que busca proteger la naturaleza y evitar su mercantilización.

La ley además plantea una visión integral y holística de la naturaleza, que respete los ciclos naturales y asegure la sostenibilidad a largo plazo, en lugar de medidas que se centran en soluciones de mercado.

Además, habla de soberanía y autodeterminación; enfatiza la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia sobre sus recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a gestionar sus territorios de acuerdo con sus prácticas y conocimientos tradicionales.

En lugar de mercados de carbono, la ley propone una economía para la vida, que prioriza el bienestar social y ecológico sobre el lucro económico.

En resumen, la Ley de la Madre Tierra de Bolivia rechaza los mercados de carbono y los bonos de carbono, promoviendo en su lugar una visión de desarrollo integral y sostenible que respete y proteja la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

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