Foro de Interés Ciudadano "Estado y problemática de la inseguridad jurídica de la tierra en Santa Cruz", así se denominó la reunión sostenida el miércoles, 4 de septiembre, en la Brigada Parlamentaria, y convocada por la legisladora chiquitana María René Álvarez.

Participaron autoridades de los tres niveles del Estado, así como autoridades indígenas, empresariado cruceño y fundaciones abocadas a la defensa del medioambiente y de la tierra.

Según la diputada, la convocatoria logró reunir a todos estos representantes ante la falta de respuesta desde la Gobernación de Santa Cruz, a quienes Álvarez había solicitado activar la Comisión Agraria Departamental (CAD), cuando se conoció el Decreto Supremo 5202 que modificó el carácter de reserva forestal del Choré a área protegida, en las categorías de Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI).

"Como no existe voluntad política para convocar a las instituciones que tienen que dar respuestas a la población en el tema tierras, estamos dando un paso importante para escuchar todas las voces, y con eso buscar soluciones ante los problemas de los avasallamientos y los incendios forestales que enfrenta Santa Cruz", evaluó Álvarez.

Al evento asistió el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, quien destacó la convocatoria y expuso datos importantes sobre esta problemática, como la disponibilidad de tierra fiscal en el departamento cruceño y los avances del saneamiento.

También se cursó invitación a representantes de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), representantes cívicos de provincias, pecuarios, así como a los caciques indígenas de las tierras chiquitanas, funcionarios de la Gobernación y municipios cruceños.

De igual forma se tuvo la participación activa de las entidades comprometidas con la defensa del medioambiente, como la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) y el Comité de Gestión de defensa del Bajo Paraguá, entre otras entidades.

La diputada cruceña ha denunciado la problemática de los avasallamientos de tierras desde que asumió su función legislativa, por su afectación no solo a los territorios indígenas sino por las consecuencias que tienen, como son los incendios forestales que este año han superado todas las cifras de los últimos cinco años, convirtiéndose en un desastre ambiental.

"La situación de las tierras siempre fue usada como agenda política, pero hoy se agrega el ingrediente del tráfico de tierras, porque vemos cómo se han constituido en los últimos años aquellos sindicatos que llegan para apropiarse de propiedades, exigir su titulación y luego venderla al mejor postor, incluyendo grupos empresariales, inmobiliarios y extranjeros que solo buscan el lucro sin ninguna perspectiva de desarrollo sostenible y sin respetar a las comunidades indígenas que cada vez son arrinconadas en su propia tierra", explicó la legisladora en su intervención.

​Miguel Ángel Vaca, cívico de San Rafael

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