El secretario departamental de Hacienda, Miguel Sorich, intervino en la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental para explicar la realidad financiera de la Gobernación. Con su informe, buscaba el respaldo del legislativo departamental para evitar la subida salarial en el sector salud. Por ahora, no logró ese respaldo. Pero sí dejó muchas dudas sobre la situación económica que vive la gobernación.

"No tenemos para pagar ni siquiera el prediario", lamentó Sorich. En caja, según explicó, cuentan con Bs 3,2 millones, un monto insuficiente para hacer frente a las obligaciones. "La situación es bastante complicada", repitió más de una vez.

Sorich presentó un informe económico a 30 de junio, es decir, a mitad de año. De entrada resaltó la reducción de ingresos por regalías de hidrocarburos. Hasta Bs 63 millones menos de los presupuestado. "Recibimos Bs 10 millones menos por mes", detalló.

Según la proyección mostrada por Sorich, la Gobernación recibirá hasta fin de año Bs 578 millones menos de lo presupuestado, un 25% menos. Por ello, adelantó que habrá recortes y se postergarán proyectos, para evitar que la gestión concluya con déficit.

Incluso, explicó las gestiones que realizan ante el gobierno central para evitar un desajuste fiscal. Han presentado un proyecto de Decreto Supremo al ejecutivo para que valide la reprogramación de un crédito ante el Banco Central de Bolivia "y alivie un poco el pago de obligaciones".

Mientras tanto, desde la Gobernación "se hará una revisión de proyectos que no se van a ejecutar este año".

El pedido del sector salud















El incremento salarial dictado el primero de mayo alcanza al sector salud. El departamento dispone el pago de 1.725 items correspondientes a salud, aunque esta "es una competencia del gobierno nacional que la asume la Gobernación". El incremento, explicó Sorich, supone Bs 7.5 millones al año.

Ante este panorama, "no existe sostenibilidad financiera para atender el aumento salarial (correspondiente al sector salud)", expuso Sorich. Puso como ejemplo a la Gobernación de Tarija que ya han iniciado un trámite ante el ejecutivo nacional para suspender este incremento.

La Asamblea determinó aguardar la respuesta del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud para definir la postura final.

Culpan al centralismo

Los asambleístas departamentales mostraron su preocupación por la crítica situación que atraviesa la institución. Demandaron respuestas claras al anuncio de recortes realizado por Sorich. Los más drásticos fueron los asambleístas Zvonko Matkovic y Paola Aguirre.

Esta última apuntó al centralismo como principal "causa de fondo" de la falta de recursos. "Esta situación tiene claramente identificado un responsable, es el gobierno del MAS", señaló.

Cuestionó la actitud "tibia" del actual gobernador al no reclamar los recursos retenidos al Gobierno nacional y advirtió que "mientras el MAS sigua en el poder, esta situación de mendicidad para las gobernaciones, municipios o universidades va a seguir".

También Matkovic dirigió su crítica al centralismo. El desajuste fiscal de la Gobernación se debe "al dinero que el Estado central le roba a la Gobernación". Según expuso, el pasado año ya le retuvieron más de Bs 200 millones. "El MAS - sentenció Zvonko - nos obliga a administrar la pobreza".

Wilfredo Peinado, representante territorial de San Matías, reclamó a Sorich que no se haya cumplido la promesa de retirar a personal y solo se haya cambiado a funcionarios. Aún así, planteo el recorte de salarios para los asambleístas titulares y para los subgobernadores. "Si queremos este departamento, recortemos nuestro sueldo; que ese dinero vaya a proyectos de las provincias", pidió a los demás legisladores.

Austeridad y obras

La bancada del MAS demandó una política de austeridad al ejecutivo departamental. Eso sí, exigió que se mantengan obras en provincias para no perjudicar a las regiones más necesitadas.

Raquel Valencia propuso "una política de austeridad al interior de la gobernación" para "cuidar la platita". Más allá del pedido, también expresó la necesidad de atender a las provincias como una prioridad que se debe mantener.

Para Hugo Valverde, la Gobernación debería presentar "un plan de contingencia". Además, pidió informe sobre las auditorías anunciadas por Mario Aguilera al asumir la suplencia temporal como gobernador.

Más tajante se expresó Antonio Paco. Advirtió con salir a bloquear si los recortes anunciados por Sorich afectan a las provincias.

Una posición similar asumió la asambleísta indígena del pueblo chiquitano Aida Gil. "rechazo rotundamente el recorte de un solo peso para los pueblos indígenas", alertó. En su opinión, no se debe reducir el presupuesto que reciben como pueblos indígenas y los recortes se deberán plantear desde otras áreas.

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