Luego de 36 días de paro indefinido en demanda por el Censo de Población y Vivienda, los líderes cruceños como el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, acumularon denuncias de parlamentarios del oficialismo y organizaciones sociales de El Alto, las cuales fueron aceptadas en tiempo récord por la Fiscalía General del Estado.
En reiteradas ocasiones diferentes voces del MAS como la de Rolando Cuéllar, Estefanía Morales, incluso Evo Morales, exigieron al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia iniciar un proceso contra las cabezas del Comité Interinstitucional de Santa Cruz buscando llevarlos a la cárcel.
Jaime Saldías, asesor Legal de la Uagrm, informó a EL DEBER que hasta la fecha no recibió alguna notificación o citación formal por el Ministerio Público y las demandas sentadas en contra de Vicente Cuéllar solo han sido conocidas mediante los medios de comunicación.
El 11 de noviembre, la Central Obrera de El Alto (COR) denunció al rector de la casa moreniana, además de Camacho y Calvo, por ochos delitos, entre ellos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, además de violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, además de atentado contra la libertad de trabajo. El mismo día que se presentó la denuncia, la Fiscalía la aceptó.
El 29 de noviembre, en una entrevista con esta casa periodística, Calvo manifestó que contaba 27 procesos judiciales que el “Gobierno” le inició en su contra, sin incluir el último que aceptó el Ministerio Público, esta vez por los hechos de violencia que se registraron en Santa Cruz durante el paro indefinido.
“No me arrepiento de encarar el rol cívico, aunque el costo humano ha sido mi familia y perder todas mis fuentes laborales”, dijo Calvo en la entrevista.
El gobernador Camacho también está en la mira gubernamental, ya que sobre él pesa la acusación por el caso 'Golpe de Estado', otros a nivel local como el caso carro bombero y el último por el paro en Santa Cruz.
Según la agencia ABI, la Fiscalía requerirá, mediante mandamiento judicial, que los tres líderes cruceños respondan “por violación a los derechos humanos” durante los 36 días de paro en Santa Cruz.
La denuncia presentada por el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, la Federación Sindical Única de Campesinos de Santa Cruz, la Central Obrera Departamental y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, fue admitida por la Fiscalía debido “a las evidencias suficientes para iniciar el proceso penal investigativo”.
En contacto con EL DEBER, el asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, dijo desconocer si está incluido en la demanda de la COR, ya que tampoco se ha formalizado una demanda en su contra.
Cacería judicial contra ciudadanos
El abogado Jorge Valda manifestó que el Gobierno inició una "persecución judicial" no solo con el liderazgo visible de Santa Cruz, sino una cacería silenciosa contra los ciudadanos que protestaron contra la administración de Luis Arce Catacora durante el paro indefinido.
Opinó que el Ministerio de Gobierno "ha injerido en los procesos penales" llevado a cabo por la Fiscalía, como el caso del joven Anderson Lijerón López del municipio de La Guardia, que fue enviado a la cárcel de Palmasola.
En ese sentido, dijo que dos mujeres del Distrito 10 también fueron citadas a declarar solo por encabezar el paro en las rotondas.
“El Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, tiene el mensaje de generar hostigamiento contra quienes realizan protestas. Será una cacería judicial, sino se pone freno a la injerencia”, expresó el jurista.
Finalmente, anticipó que bajo esta línea “lamentablemente” no se conocerá algunos procesos contra otros ciudadanos que lideraron la protesta, puesto que las citaciones serán en simultáneo contra varias personas.