El desmonte es un negocio rentable en Bolivia por las condiciones que se generan hay para habilitar predios y convertir tierras forestales en áreas agrícolas y ganaderas. En la Chiquitania, una de las zonas más golpeadas por la deforestación y los incendios forestales, el costo de cada hectárea “habilitada” vale 10 veces más.
El informe Fuego y Mercurio de Oxfam muestra que en la región de la Chiquitania la hectárea de tierra sin desmontar fluctúa entre los $us 100 y $us 250, dependiendo de la legalidad de la tenencia, del uso de suelo, de la accesibilidad y la infraestructura. Sin embargo, una vez deforestada y habilitada para la agricultura así como para la ganadería aumenta su valor y puede costar entre $us 1.500 y $us 2.500. Y en otras zonas de mayor valor comercial, como el Norte Integrado, los precios se elevan entre $us 1.000 y $us 5.000 por cada hectárea que esté lista.
Quemar abarata mucho más los costos de desmonte y los grupos organizados aprovechan esta práctica para habilitar predios para la agricultura, lo que lleva al tráfico de tierras. Autoridades y dirigentes indígenas denuncian que hay intereses oscuros en los incendios. En lo que va de este año ya se consumieron 10 millones de hectáreas en el país y lo que impulsa a la quema es el negocio rentable de la tierra.
El informe también señala que las condiciones son muy favorables para el desmonte en el país debido a que obtener permisos es comparativamente fácil, incluso en zonas ecológicamente sensibles o legalmente protegidas. Asimismo, las sanciones por desmonte ilegal son mínimas, careciendo de un desincentivo efectivo en un contexto de reducido control y regulación. Hoy las multas fluctúan entre Bs 2,5 y Bs15 por hectárea y se sitúan muy por debajo de otros países también afectados por incendios, como Brasil, Argentina y Paraguay, donde las sanciones oscilan entre $us 200 y $us 27.000 por hectárea.
Además, el costo económico del desmonte es relativamente bajo, en parte debido al subsidio del diésel. Se estima que el subsidio a los hidrocarburos durante el proceso de desmonte con maquinaria pesada supera los $us 100 por hectárea, representando una cantidad significativa frente al costo efectivo de desmonte de aproximadamente $us 350 y $us 400 por hectárea.
Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, coincide en que el fuego es una forma económica de habilitar tierras. Detalla que se manejan tres hipótesis respecto a quienes lo provocan.
La primera es que campesinos, sean chicos, medianos o grandes, buscan ampliar sus áreas de cultivos, por lo que desmontan y luego queman. “El problema es que antes podían controlar el fuego, pero ahora con el cambio climático, los vientos y la sequía que año tras año es más fuerte, se descontrola.
La segunda es que los que tienen propiedades quieren justificar una función social y darle un incremento de plusvalía a sus tierras. “Una tierra con bosque, lamentablemente en el mercado vale menos que una desmontada y con cultivo”, señala al indicar que el costo promedio de desmonte por hectárea es de $us 400. Sin embargo, el fuego abarata ese trabajo en tiempo récord y con costos muy bajo y, además, evita trámites para cambio de uso de suelo y permisos de desmontes.
Manifiesta que gran parte de las áreas quemadas después son ocupadas, como se muestra en fotografías que circulan y también hay denuncias de que una vez pasa el fuego, construyen casas o habilitan terrenos para la siembra.
Esto está ligado a la ilegalidad, porque hay muchos asentamientos irregulares y gran parte de los espacios ocupados son áreas protegidas.
Según los datos de Fundación Tierra, del total de áreas quemadas en lo que va del año, el 22% está en áreas protegidas, donde se presume que se desmonta y se quema para demostrar que cumplen una actividad económica. Vadillo citó como ejemplo lo que sucede en la reserva de Guarayos, El Chore y Bajo Paraguá.
La tercera hipótesis es que, a raíz de denuncias que ha hecho la ABT y bomberos voluntarios, se puede deducir que hay intereses políticos detrás del fuego.
Explica que la normativa es muy blanda a la hora de sancionar y abre caminos para el desmonte. “Si son tierras forestales, la ley prohíbe que se desmonte, pero abre una excepción para hacerlo, exigiendo un plan de ordenamiento predial con un estudio de microcaracterización del suelo que demuestren que esas tierras no tienen valor forestal. Con esa microcaracterización se convierten tierras fiscales en agrícolas y se otorga permiso de desmonte”, señala al referirse a la normativa interna de la ABT. Pero, la Ley 741 es mucho más permisiva, porque solo exige llenar un formulario y con eso dan permiso para el desmonte de hasta 20 hectáreas, aunque sean tierras forestales.
Esta norma autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente sin la presentación de planes de ordenamiento predial, de planes de gestión integral de bosques y tierras en propiedades pequeñas, comunitarias o colectivas, o asentamientos humanos con resolución de autorización.
“En caso de propiedad comunitaria o colectiva la autorización del desmonte hasta 20 hectáreas se realizará por unidad familiar”, dice la ley.
Hay grupos organizados
El asesor del CFV-FSC (Certificación Forestal Voluntaria - Forest Stewardship Council), Pablo Gil, señala que el tráfico de tierras está detrás de los avasallamientos y los incendios.
Los avasalladores desmontan, se posesionan y ejercen presión con violencia. “Lo peor es que el bosque desaparece”, lamenta.
Hace notar que las áreas quemadas coinciden con desmontes ejecutados, y el 40 por ciento de la superficie afectada está en tierras fiscales no disponibles (donde están prohibidos los asentamientos) y disponibles (donde se puede solicitar un área de dotación al Estado).
Estos grupos identifican las áreas que son tierras fiscales, a través de alguna institución, y se posesionan ilegalmente. “En el primer año marcan el territorio, en el segundo empiezan a desmontar, en el tercero se posesionan y en el cuarto, si no hay desalojo, solicitan la posesión al INRA”, manifiesta.
También observa que todo el trabajo de desmonte se hace con maquinaria, y eso tiene un costo elevado que luego se recupera con una plusvalía con la comercialización. “Es bastante la inversión que se hace y después viene el tráfico de tierras que es una realidad. Un área con bosque vale menos que un área desmontada, es un negocio millonario”, sostiene.
La especulación
La investigación de Oxfam también concluye que la comercialización inicial de tierras a precios bajos fomenta la especulación y una revalorización comercial, provocando un incremento en su valor a lo largo del tiempo.
Factores como la construcción de nuevos caminos, las inversiones en infraestructura y la llegada de nuevos inversores, particularmente extranjeros, contribuyen a un aumento anual en los precios de las tierras, aunque continúan siendo inferiores en comparación con los precios a nivel regional.
Como ejemplo cita a una empresa brasileña, con operaciones en Brasil, Bolivia y Paraguay y un portafolio de 267.000 hectáreas. Posee 9.875 hectáreas en nuestro país. A pesar de que el 72% de sus ingresos deriva de la agricultura y ganadería y solo un 28% de la venta de tierras, es notable que sus mayores ganancias provienen de la venta de parcelas. Esto se debe a las mejoras realizadas en los terrenos y al desmonte de áreas forestales para su posterior producción. La empresa reporta un retorno anual promedio del 21,4% en su inversión inmobiliaria rural, lo cual indica un alto rendimiento. En 2021, esta empresa adquirió 9.875 hectáreas por aproximadamente 30 millones de dólares, equivalente a poco más de 3.000 dólares por hectárea.
Otra empresa, con un modelo de negocio similar, reportó en 2020 tasas de retorno de inversión del 15% anual en la venta de tierras en Bolivia.
“La transformación de tierras forestales en agrícolas y ganaderas en Bolivia representa una inversión altamente rentable, evidenciada por el incremento sostenido en el valor de estas tierras y las altas tasas de retorno”, señala la investigación.
Deforestación en colonias
El estudio de Oxfam también muestra que la deforestación aumenta debido a las colonias menonitas que expanden rápidamente las actividades agrícolas, lo que implica el acelerado desmonte.
Hasta 2019, se identificaron un total de 90 colonias menonitas en Bolivia, las cuales ocupan una superficie de 891.715 hectáreas, equivalente a la extensión total del lago Titicaca.
Desde 2001 hasta 2019 se ha registrado una pérdida de 304.308 hectáreas de bosque dentro de las áreas ocupadas por las colonias menonitas, representando más de un tercio del total de su extensión.
Dentro de las 304.308 hectáreas de bosque perdidas, 11.642 hectáreas se encontraban en zonas cuya función forestal las excluye de la deforestación, incluyendo parques nacionales o departamentales, bosques de protección, de uso forestal limitado, ríos y lagunas. Aunque estas cifras no representan una proporción mayoritaria del total, el hecho de que la deforestación se haya producido en 16 colonias y que, en la mayoría de los casos, estas pérdidas se extendieran a lo largo de varios años, señala un incumplimiento de las directrices de uso del suelo establecidas por el Plan de Uso del Suelo (PLUS) departamental.