Alejandra Serrate, Asesora de Gestión, y Fernando Pacheco, secretario de Salud y Desarrollo Humano, declararon este jueves en calidad de testigos en las oficinas de la Fiscalía Departamental, por la investigación que se realiza por el decreto 373 que fue publicado sin aprobación.
La declaración de Serrate fue la que más duró, debido a que se prolongó por más de dos horas. Al salir, la funcionaria dijo a los medios que su testimonio se basó en lo que ella conoce del hecho y reiteró que se debió a un error administrativo la publicación del decreto.
Asimismo, señaló que todos los trabajadores de la Gobernación que sean convocados por el Ministerio Público se presentarán a declarar con la finalidad de llegar a la verdad de los hechos. Sin embargo, aclaró que no tiene conocimientos sobre otras citaciones.
La Fiscalía abrió la investigación por los delitos de manipulación informática, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y al Estatuto Autonómico por la publicación del decreto 373 sin aprobación.
Pacheco también llegó a la Fiscalía, pero su estadía fue más breve, puesto que solo declaró por algunos minutos. El secretario indicó que se volverá a presentar las veces que sean necesarias, pero adelantó que conoce poco del caso investigado, pues que él desempeña funciones relacionadas a la salud pública.
“He venido a declarar como corresponde para ayudar a las investigaciones, no hay nada que esconder, ni por qué avergonzarse (…) Yo manejo la secretaría de Salud y no tengo mucho conocimiento sobre la parte jurídica, por eso prefiero que el secretario de ese área brinde un informe detallado”, comentó a los medios.
Por este caso ya declararon el miércoles, también en calidad de testigos, el vicegobernador Mario Aguilera y el secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez.
Este proceso de investigación se origina por una denuncia presentada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el gobernador Luis Fernando Camacho, por una supuesta emisión del decreto 373 y su posterior anulación de la Gaceta. La investigación es por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y manipulación informática.