La familia del niño de 12 años, que denuncia violación en un colegio, vive un viacrucis y asegura que no busca perjudicar al centro educativo, solo quiere justicia para que estos hechos no queden en la impunidad. 

Así lo hizo conocer a través de su defensa, mientras pide que los organismos del Estado cumplan con sus funciones. “No estamos en una cruzada de destrucción al colegio ni de odio, solo queremos que trabajen para se haga justicia”, dice la defensa.

Pide que se sancione a los autores de los abusos y se brinde las garantías a la víctima. “Necesitamos que nos brinden la oportunidad de dar con los autores. Que el Estado los sancione y ayude a dar garantías a la víctima y a los demás alumnos. No queremos hacerle daño al colegio, pero que cambie de actitud”, dice mientras exige mayor colaboración del establecimiento, porque insiste en que se cometió un delito y no se trató de un simple incidente. 

Asegura que esto se lo hicieron saber a las autoridades del centro educativo en la reunión que sostuvieron la anterior semana, donde le manifestaron que no buscan destruir a la institución. 

Además, manifiesta que se han identificado a otras dos víctimas.
Cuestionan que el colegio entregó imágenes de las cámaras de seguridad desde abril hasta la fecha, lo que hizo morosa la revisión.

La defensa señala que este drama conmueve hasta las lágrimas.
Denuncia que, cuando el niño rompió el silencio, sufrió revictimización, puesto que lo entrevistaron en el mismo lugar donde sucedieron los abusos y tampoco se envió el informe de forma inmediata a las autoridades pertinentes.

Los padres del niño también padecieron en el momento de sentar la denuncia, pues los derivaron de un lado a otro. 

El niño no está asistiendo al colegio, pero recibe terapia sicológica por cuenta de la familia.
Este martes fue a la cámara Gesell donde, según la defensa, identificó a dos de sus agresores y los investigadores ya han identificado a otros tres.

La Fiscalía

El fiscal departamental, Róger Mariaca, informó que se investigan dos supuestos hechos de abuso sexual en este establecimiento educativo. Uno de ellos se inició el 12 de junio a raíz de una denuncia presentada por una persona particular y el otro se abrió el 20 de junio a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Es importante aclarar que para ambos casos se han conformado comisiones con fiscales especializados en el área de justicia penal juvenil, violencia en razón de género y delitos sexuales”, informó Mariaca, al agregar que el caso está bajo reserva por tratarse de menores de edad.

Agregó que se está trabajando en la identificación de los menores agresores y, como supuestamente son de la prepromoción, estos tienen menos de 18 años, por lo que deberán someterse a la justicia penal juvenil, prevista en la Ley 548.

Señaló que se han venido realizando diligencias que son de conocimiento del abogado del denunciante, quien incluso ha colaborado con proveer el material necesario para acceder a las imágenes y videos. 

Por su lado, el centro educativo, mediante un comunicado, informó que hace algunos días se adhirió a la denuncia de los padres de la víctima y que el silencio que ha tenido en este tema se debe al pedido expreso de la familia y de las autoridades de tratar este caso en reserva, porque hay niños de por medio.

También manifiesta que, desde el primer momento que tomaron conocimiento de la denuncia, se adoptaron todas las acciones necesarias para esclarecer el hecho, colaborando con las autoridades pertinentes. “Durante los días recientes, nuestra disposición para colaborar con las autoridades se tradujo en la entrega de más de 1.000 horas de registro audiovisual de las cámaras de vigilancia, así como toda la información solicitada”, complementa el comunicado. 

También aseguran que sostuvieron una veintena de reuniones con entidades, como la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez, la Dirección Departamental de Educación, la Dirección Distrital de Educación, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, padres de familia, profesores y alumnos. 

Protesta

Este jueves, un grupo de padres de familia y activistas autoconvocados se congregaron en las puertas del colegio para protestar exigiendo justicia y celeridad en la investigación. La mayoría de los papás no tenían hijos en este establecimiento, pero acudieron preocupados por lo sucedido. 

Hicieron un llamado a los representantes del Ministerio Público a realizar todas las actuaciones necesarias para esclarecer el hecho. “Todo es burocracia, ¿acaso la fiscal no es una madre?, sus hijos también pueden pasar por lo mismo”, gritaban.
Otro padre de familia que llegó hasta el punto de protesta indicó que tiene cuatro hijos estudiando en dicho colegio privado y que, una vez enterados de la denuncia, varios padres determinaron no enviar a sus hijos a clases.

“Tengamos empatía y cuidado de la víctima, pero busquemos a los agresores. Seguramente se paseaban por todos lados. El colegio debió haber tomado acciones inmediatas, esto nos ha llenado de tristeza y lo que más nos duele es la tibieza de los encargados”, reclamó un padre de familia.

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