Perú cometió "violaciones de derechos humanos graves" en las protestas por la destitución del presidente Castillo, dice la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales de diciembre del año pasado
"Violaciones de derechos humanos graves".
Esta es la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este miércoles presentó su informe sobre la actuación del Estado peruano durante las protestas antigubernamentales por la destitución en diciembre de 2022 del presidente Pedro Castillo.
La CIDH afirmó que un uso excesivo de la fuerza frente a manifestantes causó un alto número de muertos y heridos por "impactos de armas de fuergo".
En las protestas que estallaron tras la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Castillo, que horas antes había intentado disolver el Congreso, murieron más de 60 personas por choques entre la policía y militares con los manifestantes, uno de los episodios más violentos en las últimas dos décadas en Perú.
El mayor número de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta que sustituyó a Castillo, Dina Boluarte.
"Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.
"Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre", manifestó en una conferencia virtual dando las conclusiones del informe.
Para este reporte la comisión visitó Perú entre el 11 y 13 de enero, cuando se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas de la sociedad civil y el gobierno.
El informe de la comisión sigue a otro reciente de Human Rights Watch, que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes en las protestas.
La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.
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