El Ministerio Público inició una investigación de oficio por un presunto caso de contrabando de combustibles luego de que autoridades interceptaran una embarcación que transportaba 14 bidones con sustancias similares a derivados del petróleo en la frontera entre Bolivia y Brasil, en el municipio beniano de Guayaramerín.
El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el caso es investigado por el delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, tras el operativo realizado en inmediaciones del río Mamoré.
“El Ministerio Público actúa con celeridad para esclarecer este hecho que atenta contra la economía del Estado. Se colectaron como pruebas el informe policial, acta de denuncia de oficio, acta de recolección y secuestro de indicios materiales”, señaló la autoridad.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se registró el fin de semana cerca de la Base Naval de Guayaramerín, una zona estratégica por su proximidad con territorio brasileño. Durante tareas de control, personal de la Armada Boliviana detectó una embarcación que transportaba 14 bidones con presunto combustible, procediendo a la intervención y al secuestro del material.
El fiscal asignado al caso, Elmer Danilo Aguilar Gamarra, explicó que tras la intervención se tomó declaración informativa a Percy T. T., de 23 años de edad, quien manifestó dedicarse a la recolección de latas.
Las autoridades investigan el origen y destino de la sustancia incautada, además de establecer si existe una red dedicada al traslado ilegal de combustibles hacia el vecino país.
El Ministerio Público recordó que el tráfico y comercialización ilegal de combustibles representa una afectación directa a la economía nacional debido a la subvención estatal de estos productos, por lo que anunció que continuará con las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y esclarecer completamente el caso.
La Fiscalía reiteró que la lucha contra el contrabando constituye una de las prioridades institucionales en las zonas fronterizas del departamento del Beni, donde se han intensificado los controles para frenar la salida ilegal de combustibles y otros productos estratégicos hacia países vecinos.