Aguilera confirmó que 5 personas desaparecidas en Pucamayu fueron víctimas de tortura antes de ser asesinadas

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que las cinco personas desaparecidas en Pucamayu, Cochabamba,  fueron víctimas de tortura antes de ser asesinadas. El vehículo en el que iban fue quemado.

Desde la semana pasada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investigaba el secuestro de cuatro personas en el subdistrito 15 – Pucamayu, que pertenece a la localidad de Corani Pama, en el municipio cochabambino de Villa Tunari. Según la denuncia, exigieron Bs 27.000 por el rescate de las víctimas.

Este martes, Aguilera indicó que inicialmente las cinco personas habían sido retenidas contra su voluntad: dos mujeres, tres varones. Señaló que uno de ellos era miembro de la Fuerza Aérea Boliviana y que otro fue identificado como “vendedor de armas de fuego”.

El viceministro refirió que el contingente policial que se trasladó al lugar encontró una fosa común, donde rescataron los cadáveres.

Además se refirió a Ernesto Almaraz, Juan A., Sergio P. y Juan C. como personas que “participaron de manera activa en este asesinato”. El primero está aprehendido.

De acuerdo con las investigaciones una de las víctimas, Cristian S., vivía cerca de una unidad militar de Parotani, y que tenía “léxico y las formas de un militar”. Aguilera señaló que el hombre había sido dado de baja del ejército.

“Y esto nos permite perfilarlo como alguien que efectivamente conoce la nomenclatura y la dialéctica militar, lo que ha permitido que ofrezca un armamento de guerra”, detalló.

Por otro lado, indicó que los comunarios de Pucamayu “habían sido destinados a efectuar el bloqueo en Parotani, y en Parotani él (Cristian) se presenta como miembro de las Fuerzas Armadas y les ofrece armamento de guerra, dos fusiles”, durante los días del bloqueo evista en la zona.

Aguilera indicó que la transacción no llegó a realizarse porque -según las investigaciones- el sujeto no poseía las armas ofrecidas.

“Es por ello que él permite o logra el ingreso del señor Tadashi L. y del señor Juan R., que sí forma parte de la estructura militar, en este caso de la Fuerza Aérea Boliviana”, agregó.

El relato de los hechos

“En principio el señor Christian S. es convocado, por tercera oportunidad, a esa comunidad; ya había ingresado dos veces y esta vez lo hace en compañía de Tadashi L., al mando de un vehículo de color rojo. Una vez que ingresa a la comunidad, le exigen la devolución del dinero (Bs 27.000). Él no lo poseía. Mientras tanto, estaban sufriendo una serie de vejámenes, de tortura; y eso provoca que Tadashi L. se comunique con su esposa, la señora Trinidad M., quien ingresa con el dinero el día 13 de noviembre. Pese a la devolución material de este dinero y a la quema del vehículo, las personas son retenidas en el lugar y luego torturados. En vez de haber sido puestas en libertad, con la intención de encubrir el asesinato, se les priva de la vida”, narró el viceministro.

Identificó a Ernesto Almaraz como el autor material de los disparos que quitaron la vida de las cinco personas, y manifestó que en las próximas horas presentarán el arma, puesto que la Policía ya se encuentra realizando allanamientos en pos de pruebas de estos delitos.

Aguilera añadió que la Policía Boliviana introdujo un equipo de inteligencia, que logró establecer que las cinco personas ya habían perdido la vida el mismo día de su ingreso en la comunidad.

El viceministro indicó que están desenterrando los cuerpos, pero que las investigaciones de inteligencia permitieron estableces -a través de una serie de testimonios- que las víctimas habían “sufrido lesiones de carácter violento y por último, se les ha segado la vida a través del empleo de una escopeta”.

Prometió para las siguientes horas, “desenredar” responsabilidades de los autores del crimen,  intelectuales,  materiales, complicidad, encubrimiento y financiamiento.

“En inicio nadie puede entregar dinero para comprar armamento. El armamento de guerra está restringido en su uso para las fuerzas especiales de la Policía Boliviana y para las Fuerzas Armadas; por tanto, ni esa comunidad ni ninguna, pueden hacer colectas para comprar armas de guerra. La privación de la libertad con la intención de conseguir un dinero se constituye como secuestro; pero son acciones conexas, pues el delito mayor que va a arrastrar (…) es el de asesinato”, refirió Aguilera.

De esa manera, descartó que se vaya a iniciar un proceso por la venta ilegal de armas, porque el delito mayor es el de asesinato.

Sin embargo, indicó que las investigaciones han “logrado establecer en esa área existen plantaciones de algunas sustancias que merecen un tratamiento especial; pero que además existen vehículos de carácter indocumentados”. De modo que si las personas, ahora victimadas, eran “devueltas” con vida, el temor de los involucrados era ser delatados y que la Policía intervenga el lugar.

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