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El despilfarro económico en los 14 años de gestión del anterior Gobierno, dejó huellas que salen a relucir en plena pandemia del coronavirus. El Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, reveló un sobregiro de Bs 18.500 millones y $us 300 millones en las cuentas únicas del Tesoro General de la Nación (TGN) y una deuda de $us 3.000 millones con empresas nacionales y extranjeras. Economistas reparan en que la ‘billetera’ del Gobierno se quedó sin fondo.

Carlos Schlink, viceministro de Tesoro y Crédito Público, dijo que el Estado colocará bonos soberanos en los mercados internacionales -alrededor de $us 1.500 millones- más los $us 1.700 millones en créditos con organismos globales (falta la aprobación de la Asamblea) esperan paliar el estrés de liquidez y preservar la estabilidad por lo menos hasta que el próximo Gobierno venga y haga reformas estructurales.

La emisión de bonos soberanos por $us 1.500 millones estaba contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE-2020). “Se autoriza al Ministerio de Economía celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externo por un monto de hasta $us 1.500 millones o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario”, señala el artículo 19 del proyecto de PGE, sobre el endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital externo.

En el mismo artículo, se autoriza al Ministerio de Economía la contratación directa, en el ámbito nacional o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera y de otros servicios especializados vinculados a la operación de deuda pública en mercados de capital externo.

No es la primera vez que Bolivia opta por la emisión de bonos para financiarse. El país ya emitió bonos soberanos en tres oportunidades anteriores: 2012, 2013 y 2017.

En su primera emisión, el país colocó $us 500 millones a 10 años plazo y un interés del 4,875% a ser pagados en 2022. La segunda emisión se realizó un año después, en el mercado de valores de Nueva York, donde se colocaron $us 500 millones a 10 años plazo, con un interés anual que llegó al 5,95%.

En esa ocasión, los títulos fueron adquiridos por inversores de Estados Unidos (41%), Europa (34%), Latinoamérica (24%) y Asia (1%), informó el Ministerio de Economía de ese entonces.

La emisión de bonos más reciente se realizó en marzo de 2017, por $us 1.000 millones con vencimiento en 2028, con una tasa de 4,5% anual.

El Gobierno actual insiste en la situación en la que encontró las arcas del Estado. En ocasión del conversatorio ‘Estado de situación de la economía boliviana después del Covid-19 y las medidas adoptadas’, Schlink aclaró que en noviembre de 2019, descubrieron que el TGN tenía un sobregiro de Bs 18.500 millones y $us 300 millones en las cuentas únicas del tesoro en bolivianos y en dólares, respectivamente. Encima de estos huecos financieros, afirmó que el anterior Gobierno dejó una deuda de $us 3.000 millones con empresas privadas nacionales y extranjeras.

En el repaso de la gestión de la emergencia por coronavirus, dijo que el Gobierno erogó Bs 5.500 millones para crear los bonos (Familia, Canasta Familiar y Universal) y lanzó planes de alivio financiero para las empresas y que estos días se detallará el plan de empleos.

Los recursos se agotaron

En un contexto económico de crisis por la pandemia e incertidumbre política, el economista José Alberti ve que la conducción de la política económica del Gobierno transitorio es acertada. “La política fiscal tiene una nueva orientación, la austeridad y eficiencia del gasto público. La política monetaria ha recuperado su independencia. El BCB está cumpliendo con sus principales funciones de mantener la estabilidad de precios y promover la estabilidad financiera”, dijo.

Deduce que los recursos públicos se agotaron y que no hay liquidez en las cuentas fiscales para atender educación, salud y otros sectores. “Esto se debe a que desde 2014 se registraron mayores egresos que ingresos; es decir, déficits fiscales. Ese año el hueco fiscal fue del -3,4%; en 2015 (-6,9%), 2016 (-7,2%), 2017 (-7,8%), 2018 (-8,1%) y 2019 (-7,2%). También se registraron déficits comerciales en los últimos cinco años que promedian -2,8 del PIB. La deuda externa se incrementó de $us 2.268 a 11.300 millones en 2019. Para este año se requieren más de $us 3.000 millones para cerrar la brecha fiscal”, puntualizó.

Alberti advierte que los recursos monetarios para este año serán menores por la caída de ingresos por exportación de gas natural y los diferimientos de tributos, que postergarán los ingresos a las arcas estatales. Más allá de las limitaciones, cree que el Gobierno debe activar políticas para controlar la pandemia y reactivar la economía.

Dijo que las empresas requieren de manera urgente tres requisitos para sostener los ingresos y empleos. Costos (deben continuar los diferimientos de créditos y pagos de tributos hasta el 31 de diciembre de 2020), caja (líneas de crédito a través del sistema financiero y BDP donde el TGN o el BCB constituyan fondos de garantía) y mercados (continuar con la asignación de bonos para los más vulnerables para mantener el consumo). “Estamos en crisis, hay que actuar ágil y rápidamente”, indicó.

En criterio del analista financiero, Mauricio Ríos García, hay que pasar de un modelo económico cerrado de sustitución de importaciones a uno abierto que exporte y atraiga la mayor cantidad de inversión privada extranjera directa. “Que esa inversión nos permita exportar lo más posible, porque necesitamos divisas de manera desesperada”, aludió, a tiempo de advertir que los recursos del Estado se agotaron y que en noviembre del año pasado, Bolivia estuvo al borde de la bancarrota por la crisis económica-social.

El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, ve válida la política del Gobierno transitorio de lanzar incentivos económicos con el fin de alivianar la situación económica de los sectores de la población más desprotegidos y, en cierta forma, apoyar al empresariado.

“Es evidente una política fiscal expansiva. La proyección de modificación al periodo de prescripción en materia tributaria (bajar a cuatro años), medidas de prórroga para el pago de impuestos nacionales como apoyo a los contribuyentes. Las transferencias directas mediante bonos ha demandado un gran esfuerzo del Estado considerando que este gasto no estaba contemplado en el presupuesto ($us 400 millones).

El subsidio de servicios básicos hasta un 50% en agua, energía eléctrica y gas domiciliario, es una buena medida de alivio. Sin embargo, también es una recarga para las finanzas públicas”, dijo.

Desde el BCB, el director Róger Banegas, aclaró que en el marco de la Ley 1670 trabajan en los roles de mantener el poder adquisitivo, la inflación baja y controlada y velar por la estabilidad del sistema financiero. Refirió que los impulsos monetarios que se han dado en Bolivia están entre los más altos de la región -cerca del 10% del PIB-.

Banegas expuso que la liquidez del sistema financiero se ha fortalecido y están en buenos niveles con un incremento interanual del 10% a la fecha. En diciembre de 2019, dijo que la cartera de créditos se encontraba en mayores niveles que los ahorros del país. A la fecha, es opuesto, los ahorros exceden la cartera de créditos.

Dio cuenta de que el BCB realiza seguimiento en la demanda de dinero y estímulo en la oferta. Así, por ejemplo, sostuvo que se desarrolló una medida de política monetaria no convencional por Bs 3.500 millones, comprando títulos TGN en poder de las AFP.

Por otra parte, Banegas dijo que continuamente se brindan préstamos al sistema financiero. “Se han canalizado otras medidas de autorización y préstamos hacia las Instituciones Financieras de Desarrollo por medio de los bancos. Se han concedido condiciones especiales para que los bancos puedan traer recursos del exterior”, expresó, a tiempo de asegurar que existen otras alternativas disponibles que pueden ser consideradas como el encaje legal, dadas las circunstancias y con la finalidad de proveer mayor liquidez al sistema financiero nacional.

El expresidente del BCB, Marcelo Zabalaga, aleja la falta de recursos públicos arguyendo que un Estado que emite su propia moneda ‘no se agota’. “Lo que puede agotarse es la decisión de un equipo de gobierno con respecto al déficit que se decide tolerar o la magnitud de emisión monetaria que se decide aceptar”, precisó.

Infiere que hasta que el Estado no pueda regularizar la fuente legítima de ingresos -los impuestos-la liquidez puede provenir de tres fuentes, crédito externo, crédito interno o emisión monetaria.

Sugiere obtener crédito interno en moneda nacional. “Las letras y bonos del TGN tuvieron buena recepción hasta el año pasado”, indicó.