“Yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12 mil millones de dólares”. Rodrigo Paz lo dijo en el debate de segunda vuelta del 12 de octubre de 2025, una semana antes de ganar el balotaje. No fue una frase más. Fue una definición de rumbo: rechazo al FMI, crítica a cómo se distribuyen esos recursos y una apuesta por financiamiento multilateral.
Seis meses después, el 24 de abril de 2026, el economista Ricardo Hausmann ofreció una lectura distinta. Es experto en economía y asesor de varios gobiernos y conoce de cerca el caso de Bolivia .
EL DEBER consultó su criterio sobre el déficit del 9% del PIB que recientemente propuso el Gobierno y su respuesta es contundente.:
“La pregunta es, no solamente cuál es el déficit, sino cuál es tu fuente de financiamiento de ese déficit. Y una fuente de financiamiento importante que tiene el país es ir al FMI. Bolivia está hoy mucho peor de lo que han estado los países que van a pedir ayuda al FMI”, sostiene.
Y precisa que un acuerdo con el FMI abre el financiamiento del Banco Mundial, del BID Yy de otros organismos. “Pero si no hacen eso.... van a tener que quitarle más el ahorro a los trabajadores, el crédito al sector privado, etc.”
Del ajuste al desequilibrio estructural
Hausmann ordena su diagnóstico desmontando ideas que, en Bolivia, se repiten como certezas. La primera es casi automática: que subir el precio de los combustibles empuja la inflación. Se detiene ahí y la desarma sin apuro.
“No hay ninguna razón por la cual eso tenga que llevar a una aceleración inflacionaria. La inflación no depende de un solo precio. Depende del conjunto de condiciones. Si usted hace un ajuste más general, ese efecto puede ser completamente distinto. Y la mejor evidencia es lo que ya les pasó”.
La afirmación no queda en el plano teórico. Apela a lo ocurrido recientemente. El ajuste al diésel no provocó el salto inflacionario que muchos anticipaban. Al contrario, coincidió con una caída del nivel de precios. Lo que cambió —insiste— fue el contexto: expectativas de financiamiento, disponibilidad de divisas, comportamiento del tipo de cambio.
“Las otras cosas no son iguales”, repite.
Desde ahí, su argumento avanza hacia el punto que considera central. No es el precio del combustible en sí, sino la forma en que la economía lo sostiene. Y ahí aparece la palabra clave: subsidios.
“El subsidio no es lo que aparece en el presupuesto. A los economistas no nos interesa solo lo que está registrado. Nos interesa el costo de oportunidad. Si usted vende algo por debajo de su valor, está perdiendo dinero, aunque eso no aparezca explícitamente. Y eso es lo que está pasando acá”.
El cambio de perspectiva no es menor. Deja de ser una discusión contable y pasa a ser estructural. Bolivia no solo subsidia combustibles; subsidia una forma de funcionamiento económico.
“No es que esto esté beneficiando a los más pobres. El percentil (porcentaje de personas)más rico recibe siete veces más que el más pobre. Entonces, con el mismo dinero, usted podría tener una política mucho más equitativa”.
Durante más de una década, el país financió sus desequilibrios utilizando reservas internacionales. Mientras el gas generaba ingresos y el contexto externo acompañaba, el modelo se sostuvo. Pero la producción cayó, la inversión no se recuperó y el gasto no se ajustó.
Las reservas comenzaron a reducirse de forma sistemática hasta agotarse en 2023. A partir de ahí, la economía dejó de sostenerse por sí misma.
Ese proceso fue progresivo. La inversión en exploración se contrajo, los incentivos no lograron revertir la tendencia y la economía comenzó a depender cada vez más de importaciones financiadas con reservas. El resultado fue una transición silenciosa: de un modelo basado en exportaciones a otro sostenido por consumo interno sin respaldo productivo.
La escasez de divisas derivó en una contracción de importaciones, presión sobre el tipo de cambio y un mercado paralelo que empezó a marcar el ritmo. La inflación escaló hasta niveles anualizados cercanos al 84% en 2025.
“Si ustedes no hacían nada, entraban en una dinámica muy complicada. El tipo de cambio sube, los subsidios se hacen más grandes automáticamente, el déficit aumenta, hay que financiarlo y terminan imprimiendo dinero. Y eso genera expectativas que empeoran todo. Es un círculo”.
Las medidas recientes lograron interrumpir esa trayectoria. El suministro de combustibles se normalizó, se aseguraron líneas de financiamiento y la presión cambiaria se moderó.
Oportunidades bloqueadas por decisiones pendientes
A partir de ese punto, Hausmann introduce un giro. La situación es difícil, pero no está cerrada. Bolivia —sostiene— no es un país sin oportunidades, sino un país que no está aprovechando sus ventajas.
“Este es un país con recursos extraordinarios. Tiene potencial energético, recursos naturales, turismo. Pero ese potencial no se está materializando porque no están dadas las condiciones”.
Y lo baja a una imagen concreta:
“Por ejemplo, un cruceño que quiere ir a Uyuni debe hacer escala en La Paz. Es insólito”.
La escena condensa una idea mayor. Bolivia no enfrenta solo un problema de estabilización macroeconómica, sino de funcionamiento: infraestructura, incentivos, reglas.
Esa desconexión también se refleja en sectores estratégicos. El potencial energético convive con limitaciones regulatorias que frenan su desarrollo. En minería, la incertidumbre jurídica limita nuevas inversiones. Y en turismo, la falta de integración logística reduce el alcance de destinos que, en otros países, funcionan como motores económicos. No es una ausencia de recursos, sino de condiciones para que esos recursos generen valor.
“Aquí no basta con hacer pequeños ajustes. Se necesita un cambio en el marco de políticas. Eso incluye seguridad jurídica y, probablemente, reformas más profundas, incluso a nivel constitucional, para que la inversión llegue y se sostenga”.
El énfasis ya no está en la emergencia, sino en las condiciones para salir de ella. “Esta situación es frágil. Depende de expectativas positivas. Y las expectativas se tienen que cumplir. Si no se cumplen, cambian”.
Bolivia funciona hoy sobre esa expectativa. Si se rompe, el mecanismo que se detuvo puede reactivarse. El país se mueve en una zona gris, entre la negativa a acudir al FMI expresada en campaña y el diagnóstico de una economía que ya comparte rasgos con aquellas que recurrieron a ese organismo.
Un punto de transición en el que la salida existe, pero su ejecución depende de decisiones políticas que trascienden lo técnico.
“La demora no está en Washington, está en La Paz”, finalizó.
Carlos Delius
Experto en hidrocarburos
Reforma urgente. El diagnóstico de Carlos Delius parte de una idea central: Bolivia no perdió su potencial energético, pero sí la capacidad de decidir. Recuerda que los grandes hitos del sector -como la venta de gas a Brasil- fueron fruto de un acuerdo político y advierte que el país necesita una “tercera ola exportadora” para salir de la precariedad. “Todos los problemas están en la superficie” afirma en alusión a la falta de decisión.
Para Delius el riesgo es inminente: “Nos va a faltar energía y nos va a faltar plata para comprarla”.
En ese escenario, sostiene que atraer inversiones exige reformas profundas. “Sin cambios constitucionales... nos queda caminar por el valle de la muerte”.
Carlos Kempff
Gerente de IASA
El potencial de la agroindustria. Carlos Kempff afirma que la agroindustria puede ser una salida rápida a la economía. A diferencia de otros sectores, Bolivia ya cuenta con capacidades instaladas y margen para crecer.
“Traer licencias de biotecnología ... es algo que se puede hacer rápido”, afirma al destacar el impacto en la productividad.
Pero el límite es institucional: “La decisión de invertir bien con reglas claras”, sostiene.
Kempff propone una estrategia integral: mejorar logística, abrir mercados y fortalecer acuerdos sanitarios.
“Se necesita visión de trabajo... un acuerdo político para el desarrollo”, resume, alineando el crecimiento económico con acuerdos políticos para reformas estatales urgentes.
Jaime Villalobos
Exministro de Mineria y Desarrollo Económico
Aún existe potencial minero en todo el país. Jaime Villalobos ubica el problema minero en el plano institucional. Bolivia -dice- tiene una capacidad geológica comparable con la de Chile o Perú, pero carece de condiciones para atraer inversión.
“Esa seguridad jurídica no existe, ha sido borrada”, sostiene.
Su crítica es amplia, apunta a la debilidad del Estado de derecho. “La la justicia es corrupta y no funciona para nada”, afirma.
Advierte, además, un riesgo estructural: “Bolivia está en peligro... de que la minería termine siendo informal e ilegal”.
Para Villalobos, sin reglas claras, instituciones sólidas y transparencia, el país no podrá transformar sus recursos en desarrollo sostenible.