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Desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el 17 de marzo, hasta ahora el Estado boliviano liberó Bs 7.526.969.970 en más de 20 normativas aprobadas tanto por decreto como por leyes nacionales para paliar la crisis sanitaria y económica en el país.

De acuerdo a un extenso análisis de las normativas publicadas, con los Decretos Supremos (DS) 4197, 4200 y 4215, se pagó el bono Canasta Familiar de Bs 400, hasta ahora, a 1.046.435 adultos mayores, mujeres gestantes y en periodo de lactancia, y personas con discapacidad.

El bono Familia, de Bs 500, fue repartido a 2.883.436 estudiantes de colegios públicos y privados; mientras que el bono Universal, de Bs 500, lo recibieron hasta el momento 3.573.618 ciudadanos que no tienen un ingreso fijo y que tampoco recibieron ninguno de los otros beneficios económicos anteriores.

En total, los desembolsos para el pago de estos tres bonos creados para beneficiar directamente a la población, fueron de Bs 3.647.101.000. Los pagos aún siguen realizándose en las entidades financieras.

Con la Ley 1305, se aprobó el contrato de préstamo para el programa “Atención de la emergencia sanitaria causada como consecuencia de la pandemia”, entre el Estado boliviano y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de $us 50 millones (Bs 348 millones).

Con la suspensión temporal de la aplicación de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, a través de la Ley 1307 se reasignó hasta un monto de $us 200 millones (Bs 1.372 millones), de los recursos acumulados en el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh), a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y universidades públicas.

Además, para 340 municipios se creó el Fondo Covid-19, con Bs 279 millones, ante la exigencia de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia).

Con el Decreto Supremo 4216 se establece el Programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que asegura hasta Bs 1.500 millones para precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones, dada la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total.

El Decreto Supremo 4270 autoriza al Ministerio de Economía suscribir un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), a ser administrados por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), por un monto inicial de Bs 265.462.970, viabilizando la disposición de los fondos dispuestos para la implementación del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Por su parte, el Decreto Supremo 4272 crea el Programa Intensivo de Empleo con el objetivo de coadyuvar a la reactivación económica ante los efectos generados por la pandemia del coronavirus. 

Al efecto, se autoriza al Ministerio de Economía, la transferencia de recursos del TGN al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), en un monto inicial de Bs 100 millones.

Con el Decreto Supremo 4289 se autoriza al Ministerio de Economía, a través del TGN, realizar en la gestión 2020 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs 15.406.000, a favor del Ministerio de Gobierno para contratar un seguro de invalidez total y permanente o muerte derivada por el coronavirus para los efectivos policiales.

Otros beneficios económicos

Pero esta lista es solo parte del alivio económico que se programó durante estos 129 días de cuarentena.

Hay leyes como la 1294, referidas al diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia que, se espera ayuden a los ciudadanos que tienen créditos financieros.

Esa misma norma reduce en un 50% el pago mensual de la facturación de las tarifas de los servicios básicos de agua potable, electricidad y gas domiciliario mientras dure la declaratoria de emergencia.

Otras normativas difieren el pago de impuestos en beneficio de las empresas o que agilizan la compra de medicamentos, diferimientos o exención de gravámenes arancelarios de importación de insumos, medidas para aportar liquidez en las entidades financieras, entre otras.