En 2023 se registraron 237 avasallamientos en todo el país, pero solo 36 desalojos fueron ejecutados
El departamento de Santa Cruz es el más afectado, pero la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema origina conflictos por tierra también en Beni, Cochabamba y otros departamentos
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) presenta un panorama preocupante: en su último informe de Rendición Pública de Cuentas, informó que en 2023 se registraron 237 avasallamientos de predios en el país, de los cuales solo se han ejecutado 36 desalojos.
Santa Cruz es el departamento más afectado, pero también se reportan conflictos por tierra en Beni, Cochabamba y otras regiones. Incluso, cada año se dan nuevos asentamientos en áreas protegidas y se ha comprobado que crece el tráfico de tierras que se inicia con la quema de bosques.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó en días pasados sobre el riesgo de avasallamiento en más de 70.000 hectáreas de cultivos en el norte de Santa Cruz, poniendo en peligro la producción de 300 mil toneladas de granos de soya, maíz y sorgo, que deberían estar en plena siembra de la campaña de invierno. Con ello se pone en riesgo también las cadenas de producción alimenticia de pollo, cerdo, leche, huevos, aceite y otros alimentos.
Fernando Asturizaga, abogado especialista en derecho agrario, advirtió que la seguridad jurídica sobre las tierras es fundamental para el desarrollo rural y señaló que "obtener un título no garantiza que el productor sea realmente dueño", ya que los avasalladores encuentran nuevas formas de burlar la ley.
La falta de control e intervención por parte de las autoridades agrava la situación. Los avasalladores, en muchos casos, se atribuyen funciones de autoridades y exigen a los propietarios que acrediten sus derechos ante ellos. Esta situación, sumada a las amenazas y violencia, genera un clima de zozobra e inseguridad jurídica en el campo. “Además, entran y salen, sientan presencia en ciertas áreas de los predios e impiden que los propietarios desarrollen sus labores agrícolas”, afirmó Asturizaga.
La aprehensión de Rimberto Yavira, cabecilla de grupos de avasallamientos en Santa Cruz, encendió las alarmas sobre posibles vínculos con el partido de gobierno. La diputada María René Álvarez exigió al Ejecutivo acciones contundentes para combatir este flagelo.
Mientras tanto, en Cochabamba, en especial en la región metropolitana, que abarca de Sipe Sipe a Sacaba, en los últimos meses la toma violenta de predios dejó casi una docena de heridos por armas de fuego.
El secretario ejecutivo de la Central Regional de Cotapachi, Lucio Padilla, informó que el conflicto comenzó en junio de 2023, pero fue en agosto que se suscitó un enfrentamiento que dejó ocho comunarios heridos con proyectiles de armas de fuego y 13 detenidos de manera preventiva. Pero algunos ya fueron liberados con medidas cautelares.
Intervención de la Fuerza Pública
De acuerdo con el reporte de avasallamientos a 2023 del INRA, con el apoyo de la fuerza pública, se logró efectuar desalojos en solo 25 de los avasallamientos en Santa Cruz, cinco en Beni, dos en Cochabamba y uno en Tarija. Durante estos operativos, se detuvo a 59 personas involucradas en estos actos ilegales. Además, se recuperaron 31.013 hectáreas, restituyendo así la legalidad sobre estas tierras.
En una reciente columna, Ronald Nostas, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, afirma que lo ocurrido en Guarayos (Santa Cruz) no es un caso aislado. Asevera que “desde hace 20 años, los avasallamientos de tierras se han vuelto muy comunes en Bolivia; aumentaron en número y en violencia; alcanzan incluso a las propiedades urbanas y; se extienden a zonas mineras, ganaderas y madereras”.
