A la fecha, alrededor de un 30% ($us 7.000 millones), corresponden a las inversiones realizadas por el Estado, en busca de liquidez, mediante Bonos Soberanos y Cupones del Tesoro General de la Nación (TGN).

12 de enero de 2023, 13:09 PM
12 de enero de 2023, 13:09 PM

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dice que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen toda la libertad de decidir el portafolio de inversiones que más les convenga y con el que consideren que puedan generar mayores rendimientos con el fin de que los aportantes, al cumplimiento de requisitos, puedan acceder a una jubilación que les otorgue una pensión vitalicia y, a su fallecimiento, dé beneficio a sus derechohabientes.

Las declaraciones de la cartera de Estado surgen luego de que varios economistas y expertos en pensiones cuestionaran que la Autoridad de Pensiones y Valores (APS) está restringiendo las inversiones de las AFP con el objetivo de que se destinen al manejo gubernamental y puedan cubrir el déficit fiscal, previsto para este año en 7,45%.

En una comunicación enviada a EL DEBER sobre el tema, aclara que "el Gobierno de ninguna manera busca financiar el déficit de este año con los recursos de los fondos del SIP, considerando, a su vez, que el Programa Fiscal Financiero para este 2023 tiene el objetivo de reducir el déficit fiscal al 7,49%, menor al establecido para la gestión 2022 del 8,5%, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)".

Como se recordará, la APS emitió, el 30 de diciembre, la Resolución Administrativa Nº 1796/2022 que incorpora un nuevo criterio de evaluación de las inversiones de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) con el objetivo de proteger los recursos de los trabajadores que son invertidos en Títulos Valores emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y que los mismos no se vean afectados en el futuro por una mala inversión.

El Ministerio de Economía señala que esta medida busca reducir los riesgos relacionados a las inversiones efectuadas con recursos del SIP, considerando los criterios de la calificación de riesgo de los valores o instrumentos financieros, buscando -de esta manera- garantizar que los recursos del SIP sean invertidos en instituciones solventes, con capacidad de generar flujo de efectivo, con solvencia patrimonial y con capacidad de cumplir con los compromisos financieros que asuman.

Para ello, la Resolución Administrativa emitida por la APS incluye nuevos parámetros para la inversión en valores de deuda que emiten las entidades financieras como ser bonos bancarios y Depósitos a Plazo Fijo, y que son adquiridos por las AFP y la Gestora para invertir los recursos y generar rendimiento.

"La mencionada resolución administrativa no tiene el objeto de direccionar las inversiones a sector alguno, tiene el propósito de garantizar las inversiones de los aportes de los trabajadores en entidades financieras solventes", indicaron desde el Gobierno.

Sin embargo, a la fecha alrededor de un 30% ($us 7.000 millones), corresponden a las inversiones realizadas por el Estado, en busca de liquidez, mediante Bonos Soberanos y Cupones del Tesoro General de la Nación (TGN). Los fondos suman $us 23.000 millones en las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBVA. De ese monto y según la estructura de inversión de cada una de las AFP, casi un 60% de los $us 23.000 millones están invertidos en Depósitos a Plazos Fijos y en bonos de las entidades financieras.

El analista financiero Jaime Dunn observa que esta nueva norma se aprueba en un momento de baja rentabilidad de los fondos de pensiones, la cual se explica porque las AFP no pueden invertir en el exterior, salvo en los bonos soberanos emitidos por el Estado.

Así, invierten “localmente en un contexto de tasas de interés a la baja (ofrecidas por el TGN), que no reflejan el riesgo de un país con nueve años consecutivos de déficit fiscal y un alto endeudamiento, además de ser bastante más bajas que las que se demandan por los bonos soberanos en los mercados internacionales”, de acuerdo con un análisis de Fundación Milenio.