ABT afirma que no emitió permisos de desmonte en el predio agrícola Santagro
Según Fundación Tierra el área desmontada supera el 97% del predio y se intensificó desde 2000. Ven que el Estado es el responsable de lo sucedido por no garantizar la paz social, la aplicación de la ley y la definición de derechos en tiempo oportuno
Después de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) refrendara que el 100% de Santagro es tierra fiscal, y que la Fundación Tierra advirtiera que prácticamente en su totalidad -abarca una extensión de 2.100 hectáreas- fue desmontada y chaqueada, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) salió al paso para explicar que no autorizó ni aprobó ningún desmonte, en el lugar donde días atrás se reportó el fallecimiento de dos personas tras una batalla campal e intento fallido de cosechar 1.800 hectáreas de soya.
Con relación al desmonte realizado con anterioridad, el director ejecutivo nacional de la ABT, Omar Quiroga, afirmó que este se encuentra inscrito y registrado dentro del programa de producción de alimentos y restitución de Bosques en el marco de la Ley N° 337.
“De acuerdo al seguimiento realizado durante el último periodo no se han ejecutado nuevos desmontes, si bien existe mayor cobertura de desmontes entre 2000 y 2005 fueron en los gobiernos neoliberales. Durante el Gobierno del Estado Plurinacional no se efectuó nuevos desmontes”, dijo Quiroga.
Anotó que en la actualidad la ABT realiza monitoreo y seguimiento permanente al predio Santagro, a objeto de no permitir nuevos desmontes o quemas ilegales. “Es importante aclarar que las medidas precautorias son para lo venidero, surte sus efectos para adelante, no tienen carácter retroactivo y se viene dando cumplimiento estricto al mismo. La ABT no otorgó ninguna autorización en el área, en el marco de sus competencias”, expresó Quiroga.
Según un reporte de la unidad de monitoreo ambiental de la Fundación Tierra, el área desmontada en Santagro sobrepasa el 97% del predio y se intensificó desde el año 2000. “El bosque fue reducido a las cortinas rompevientos que dividen las parcelas agrícolas y a las orillas del Río Grande”, dice la entidad.
El reporte de Fundación Tierra contrasta con el comunicado del Tribunal Agroambiental en el que aclara que dispuso “medidas precautorias” que ordenan paralizar todo tipo de desmontes y chaqueos en Santagro.
La nota detalla que durante la tramitación de la causa, en agosto de 2022 y enero de 2023, el Tribunal Medioambiental emitió medidas precautorias de prohibición de innovar, de contratar o de disposición y de no consideración de transferencias, además, la paralización de toda otorgación de autorización transitoria especial de desmonte, chaqueo o de actividades de uso y aprovechamiento de recursos naturales forestales en la superficie de Santagro y prohibición de asentamiento humano.
En el órgano de justicia está en trámite un proceso contencioso administrativo iniciado por Fabiane Freiberger contra el INRA solicitando la anulación de la resolución final de saneamiento que declara el predio Santagro, tierra fiscal no disponible.
Consultado al respecto, el director ejecutivo del INRA, Eulogio Núñez, indicó que el saneamiento de dicha propiedad concluyó en 2021, notificando a los supuestos propietarios que el 100% de la extensión se encuentra en la Reserva Forestal de Guarayos y, por tanto, son tierras fiscales no disponibles que pertenecen al Estado. Aclaró que no se las puede dotar ni adjudicar.
“La posición de nuestro Gobierno es firme, de lucha frontal contra los avasallamientos y tráfico ilegal de tierras rurales, venga de donde venga”, enfatizó Núñez.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), por medio de un comunicado, puntualizó que, mientras existan vías legales para impugnar la resolución del INRA, la condición jurídica de los titulares de Santagro es de propietarios, no como poseedores y menos como avasalladores.
Al margen del ámbito jurídico, en Santagro persiste la ocupación de personas armadas que días atrás resistieron y frustraron la cosecha de 1.800 hectáreas de soya, cuya pérdida estimada a precio actual de mercado roza los $us 2 millones. El enfrentamiento dejó un saldo de dos personas fallecidas.
Responsabilidad y omisión
En el ámbito penal, el abogado especialista en derecho agroambiental y desarrollo rural, Fernando Asturizaga, considera que se debe encarar una investigación seria, objetiva e imparcial para definir quiénes son los culpables de lo sucedido en Santagro. Cree que urge una reunión de los productores con el Estado para encontrar una salida a la tenencia de la tierra en la reserva forestal Guarayos.
En el caso concreto de Santagro, Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra en Santa Cruz, ve una responsabilidad institucional del Estado. “Es un predio que está en un proceso legal de definición de derecho propietario, en el INRA y en el Tribunal Agroambiental, y, por tanto, no debería haber acciones entre particulares que provoquen presión o justicia por mano propia.
No se cumplió con el desalojo ni con las medidas precautorias. El Estado es el único responsable de lo sucedido por no haber garantizado la paz social, la aplicación de la ley y la definición de derechos en tiempo oportuno”, subrayó.
