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Accionistas de la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) aseguran que nunca se nacionalizó la empresa, como lo establecía el Decreto Supremo 494 de 2010 y por el contrario, las acciones fueron confiscadas por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Con este argumento, rechazaron las aseveraciones del exprocurador del Estado, José María Cabrera, quien había denunciado que el actual Gobierno intentaba privatizar la Empresa Nacional de Electrificación (Ende).

“Elfec genera sus propios recursos económicos sin depender del estado ni del Tesoro General de la Nación (TGN). Elfec nunca fue nacionalizada por el Estado; más al contrario, el Estado usurpó, despojó y confiscó las acciones de los trabajadores accionistas y de 120.000 familias cochabambinas que por más de 10 años estamos buscando justicia”, manifiestan en un comunicado público.

Los firmantes del manifiesto, son Humberto Abán Berríos, presidente de trabajadores accionistas y Mario Grover Zalles Medrano, representante de trabajadores accionistas Luz del Valle, quienes señalan se reservan las acciones a tomar en contra de Cabrera.

Devolución de acciones

El lunes pasado, la Presidenta Jeanine Áñez dijo que la dictadura masista confiscó a 120 mil familias las acciones de Elfec. “Yo me comprometí a devolverlas y hoy, un 14 de septiembre, día de Cochabamba, cumplo mi promesa y devuelvo estas acciones a sus verdaderos dueños”, anunció. Hasta ahora ,no hay una normativa oficial al respecto.

Mediante el decreto supremo 494 del 1 de mayo de 2010, el Gobierno Nacional, dispuso la recuperación para el Estado Boliviano, las acciones suficientes y necesarias en Elfec S.A.

Cabrera, quien fue removido de su cargo la mañana de este viernes, había denunciado que, a la cabeza del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se estaba tramitando un procedimiento rápido para aprobar un decreto supremo que quería privatizar Ende.

Esa decisión es atentatoria a los intereses de Estado porque afectaría a una empresa nacional estratégica”, señaló.

Los accionistas respondieron este viernes, exigiendo el inicio de procesos a las autoridades del anterior Gobierno. “Lo que usted debe hacer señor procurador, es iniciar procesos penales por incumplimiento de deberes a los funcionarios públicos que debieron y tenían la obligación de cumplir el decreto 494 y 1178. Esa es obligación señor procurador. Habiéndose gastado utilidades y administrar una empresa sin previamente pagarla y no confiscar el patrimonio de ciudadanos bolivianos, el gobierno de Áñez devuelve un bien a sus verdaderos dueños, a más de 120.000 familias cochabambinas sin pagar daños y perjuicios”, ratificaron.