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El pedido de Luis Arce, presidente de Bolivia, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de construir una planta que destile biodiésel para que de alguna manera absorba parte de los gastos por la importación de diésel y tener cierta viabilidad y no ser solo un anuncio al calor político, debe cumplir con distintas variables que permitan sumar al biodiésel, y no ser un acto fallido, al portafolio de los biocombustibles que en nuestro país tiene una joven historia con la puesta en marcha del etanol.

Miguel Dabdoub, experto internacional en la implementación de combustibles verdes, precisó que, para hacer realidad la producción de biodiésel en el país, el Gobierno solo debe cumplir con la Ley 1098 de Aditivos de Origen Vegetal, que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos, aditivos y diésel, garantizando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.

Dabdoub explicó que, tomando en cuenta lo que indica la norma, se debe sincerar y entender que los biocombustibles, en este caso el biodiésel, no son proyectos a corto plazo, si no que llevan años para consolidarse, tener un impacto en la sustitución del combustible fósil y pasar a ser rentables.

El experto puntualizó que es vital que exista una voluntad política pública que busque mantener las reglas de juego, que garantice precios atractivos de los insumos para los biocombustibles y se firmen contratos a largo plazo.

La solicitud de Arce

Preocupado por el aumento gradual y constante de la importación de diésel, lo que significa una fuerte erogación financiera para la estatal petrolera y un impacto para la economía del país, Luis Arce demandó a los ejecutivos y trabajadores de Yacimientos empezar en 2021 la construcción de la planta para producir biodiésel y sustituir su importación.

El dolor de cabeza del presidente cobra fuerza si se toman en cuenta los datos de Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que se apoya en los del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que indican que durante 2019 el país destinó más de $us 900 millones para importar diésel fósil y que entre 2006 y 2020 el drenaje de divisas, por la compra de dicho combustible, supera los $us 9.000 millones.

En cuanto al volumen importado, Rodríguez señaló que en números redondos la gestión pasada se importaron unos 1.200 millones de litros de diésel, a tiempo de precisar que el país exporta unos 350 millones de litros de aceite de soya en bruto (luego de abastecer al mercado interno) y que a su criterio, si se dan las condiciones de precio interno garantizado por YPFB, podrían convertirse el día de mañana en biodiésel, mientras se van plantando otros cultivos como piñón manso y palma.

Rodríguez subrayó que el espacio para la sustitución de la importación de diésel es tan grande, que serán necesarias varias fábricas para ello, bajo un concepto: transformar la subvención al diésel fósil importado, en un incentivo al agro y la agroindustria, para revertir la gran dependencia con el exterior y avanzar hacia la autosuficiencia, a partir de un recurso que es renovable y menos contaminante.

“Lo que se precisa es un compromiso de compra de YPFB con un precio garantizado, con un contrato en firme por lo menos para unos cinco años, a fin de que se haga la inversión o adecuación de las plantas”, sostuvo Rodríguez.

El déficit fiscal, debido a la subvención, y la presión sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) son los otros aspectos que impulsaron a Arce a graficar la actual situación: como barril que importa el país, es dólar que sale para seguir con la subvención y provocar una menor producción interna.

Sobre el pedido de Arce, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, resaltó que ciertamente es una necesidad encontrar la manera de disminuir las compras al exterior de diésel, que representan un 70% del consumo interno y que una de ellas es seguir trabajando en los proyectos de exploración en busca de petróleo, aunque esa opción para Ríos es un pequeño paliativo, pues a lo que se debe apostar es a los combustibles verdes.

Es en este punto donde la exautoridad ve fallas en el proyecto de etanol, vigente hace dos años, en donde la demora de los pagos de YPFB, la inestabilidad en los precios acordados con los ingenios y la falta de una infraestructura adecuada para la venta, de la gasolina con un 8% de etanol, al consumidor final no permiten el real despegue del proyecto.

En cuanto a la producción de biodiésel, Ríos hizo notar que será determinante, si es que YPFB busca trabajar con el agro, el precio que se ofrezca a los productores y las condiciones de pago, ya que el precio internacional, en los puertos argentinos, de la tonelada del grano de soya supera los $us 520.

Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarbros y Energía (CBHE), manifestó que más allá de un anuncio o de buena voluntad, hace falta conocer dónde se piensa construir la planta procesadora de biodiésel, se desconoce su capacidad de producción y qué lugar de la cadena productiva y de comercialización ocupará YPFB.

Delius puntualizó que para lograr una adecuada sinergia se debe tomar en cuenta que los tiempos del agro no son los mismos que los de la actividad petrolera y que si se quiere garantizar una adecuada cantidad de materia prima, el Estado debe ofrecer condiciones de producción competitivas en donde los precios y los acuerdos a largo plazo sean tentadores para el sector agroindustrial.

La lectura de los soyeros

Antes de la salida intempestiva del expresidente del Bolivia, Juan Evo Morales, hubo un acercamiento con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), para analizar la viabilidad de cambiar el diésel de petróleo por energía verde.

Jaime Hernández, gerente general de Anapo, indicó que están pendientes de continuar con ese acuerdo, porque establecía aumentar la producción de grano de soya para generar mayores excedentes que puedan ser destinados a la producción de biodiésel, pero para ello había el compromiso del Gobierno de autorizar la evaluación y aprobación de nuevos eventos de Organismos Genéticamente Modificados, como el evento de soya Intacta y el evento de soya HB4 tolerante a la sequía, lo que esperan sea honrado por el Gobierno actual, resaltó Hernández.

Sobre el actual precio internacional de la soya, el funcionario de Anapo precisó que en caso de que YPFB implemente una planta de biodiésel necesitará comprar aceite vegetal de soya u otro cultivo, que actualmente es producido por la agroindustria de Santa Cruz y si el precio de compra guarda relación al precio de oportunidad de importación de diésel, con seguridad que será más favorable que destinarlo a la exportación.

Sin embargo, Hernández indicó que lo más conveniente es generar las condiciones adecuadas para aumentar la producción de grano de soya a través de un incremento en productividad que pueda ser destinada para biodiésel sin afectar las actuales exportaciones de aceite vegetal y para ello, desde su perspectiva, es necesario tener acceso al uso de nuevos eventos genéticamente modificados.

La experiencia con el etanol

En el país, la era de los biocombustibles empezó hace dos años con la participación de los ingenios sucroalcoholeros Aguaí, Unagro y Guabirá.

Marcelo Fraija, gerente general de Unagro, hizo un balance del programa y en lo que va del mismo lo calificó de regular con un crecimiento muy lento, pues a pesar de los 24 meses ‘de antigüedad’ la venta de la mezcla del etanol con gasolina, aún no se consolida en todos los departamentos.

Fraija destacó que la comercialización del Súper Etanol no debería tener ningún obstáculo ya que dicho combustible tiene ventajas técnicas, económicas y ambientales. Por ello, resaltó que la gasolina especial debería llevar un porcentaje de etanol como aditivo para mejorar el octanaje.

“Los surtidores no requieren hacer ninguna modificación, es un programa que da solo beneficios, por eso más de 65 países del mundo lo aplican, no existe país productor de etanol que no use el mismo, como combustible o aditivo”, dijo Fraija.

Como Unagro, Fraija precisó que en poco más de dos años vendieron 37 millones de litros de etanol e hizo notar que en ese periodo y de acuerdo con los programas elaborados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e YPFB tendrían que haber vendido no menos de 105 millones de litros de etanol.



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