Asociación de Pilotos y Trabajadores del sector aeronáutico rechazan el retorno de Arispe a la DGAC
Exigen la destitución de la autoridad, que tiene un proceso penal por uso indebido de influencias. Aseguran que su designación es un retroceso para el sector
Mediante dos comunicados, la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores Ferroviarios, LAB, Aasana y Jubilados de Ferroviarios, rechazaron el retorno de Celier Arispe como director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Arispe, militar de profesión, fue comandante de la Fuerza Aérea entre 2015 y 2017. Durante los años 2018 y 2019 fue director de la DGAC, su gestión estuvo envuelta en la polémica luego de que fuera acusado de favorecer con contratos millonarios a la empresa de su esposa, cuando era comandante de la FAB, y director de la entidad aeronáutica
Incluso fue imputado por el delito de uso indebido de influencias y otros delitos, que actualmente siguen abiertos.
Arispe es resistido por los pilotos comerciales que aseguraron que su retorno significa el retroceso del servicio aéreo de la DGAC, que, según el sector, fue excesivamente burocratizado. Además, exigen que el cargo recaiga en alguien con experiencia y no en un militar.
“Fue una de las peores gestiones de la DGAC, ha hecho retroceder al sector, porque se burocratiza la institución de una forma increíble y hemos retrocedido 10 puntos en la auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es decir, que estamos en riesgo de perder la certificación”, dijo Álvaro Munguía abogado de la Asociación de Pilotos Santa Cruz.
En este sentido, Munguía sostuvo que todo el sector rechaza a la nueva autoridad y exigen su destitución. Caso contrario, se tomarán medidas de hecho.
Antes de llegar a la DGAC, Arispe fue piloto del expresidente Evo Morales. Operó el Falcon 900 EX EASY, que al país le costó 38,7 millones de dólares. En 2015, el presidente lo posesionó como comandante de la FAB.
Por sus procesos penales, tenía detención domiciliaria pero la medida fue revocada por la jueza anticorrupción Claudia Castro, que anteriormente ya favoreció a exautoridades del Gobierno del expresidente Evo Morales.
