La tensión entre el sector productivo y el Gobierno escala este sábado, luego de que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) criticaran la decisión de la Asamblea Legislativa de avanzar con la abrogación de la Ley 1720 y cuestionaran la convocatoria del Ejecutivo a una cumbre para “pacificar” el país mientras continúan los bloqueos en distintas carreteras.
Desde las afueras de la Brigada Parlamentaria cruceña, representantes de productores, exportadores y transportistas expresaron su preocupación por la votación registrada en Diputados, donde 56 legisladores respaldaron la abrogación de la norma y 45 votaron en contra.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, aseguró que el sector respalda la democracia, pero advirtió que la eliminación de la Ley 1720 afecta a los pequeños productores y limita la posibilidad de crecimiento económico.
“Lo que proponemos es una Bolivia viable, una Bolivia donde se pueda trabajar, invertir y donde el pequeño productor tenga derecho a crecer”, afirmó. Según Frerking, la norma buscaba facilitar el acceso al financiamiento para miles de productores y generar mejores condiciones para la cadena productiva.
El dirigente también pidió al Senado frenar la abrogación de la ley y recordó que esa misma cámara había aprobado anteriormente la normativa. “Lo que hicieron con la mano, que no lo borren con el codo”, sostuvo.
La CAO confirmó además que no participó de la cumbre convocada en Cochabamba por el Gobierno. Frerking explicó que la invitación llegó recién la tarde del jueves y que las organizaciones agropecuarias decidieron priorizar un encuentro de emergencia de productores previsto para el próximo jueves en Montero, donde definirán posibles medidas de presión.
“El sector agropecuario sigue en emergencia”, señaló, al reclamar reglas claras y condiciones para producir en medio de la crisis económica.
Por su parte, el presidente de la Caneb, Oswaldo Barriga, cuestionó duramente la realización de una cumbre mientras el país permanece bloqueado y cientos de camiones continúan detenidos en rutas nacionales.
Barriga denunció que las exportaciones de castaña, madera, productos agroindustriales y minerales están paralizadas debido a los conflictos. “¿De qué cumbre podemos hablar si mientras se quiere hacer diálogo hay medidas de presión?”, cuestionó.
El dirigente exportador pidió al Gobierno garantizar el cumplimiento de la ley y desbloquear las carreteras. Además, reclamó un cambio en el rumbo político de la administración del presidente Paz, al considerar que las decisiones del país están siendo condicionadas por las protestas y movilizaciones.
“No es posible que la dinamita, los bloqueos y las convulsiones cambien leyes y abroguen decretos”, afirmó.
Barriga también criticó la rapidez con la que se trató la abrogación de la Ley 1720 en Diputados y comparó ese proceso con la demora en la aprobación de otras normas que, según el sector empresarial, son claves para reactivar la economía.
Entre ellas mencionó una ley de promoción de inversiones, una nueva ley de hidrocarburos, normas de seguridad jurídica para la minería y una ley de exportaciones.
El representante de la Caneb aseguró que las pérdidas provocadas por los bloqueos son “innumerables” y advirtió que el perjuicio no solo afecta a los exportadores, sino también a miles de familias que dependen de actividades productivas y del transporte en distintas regiones del país.
A las críticas también se sumó el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional de Carga, Luis Áñez, quien describió el impacto que tienen los bloqueos sobre el sector transportista.
“Estamos desesperados”, afirmó Áñez al señalar que cientos de conductores permanecen varados desde hace días en distintas rutas del país, sin poder llegar a sus destinos ni reencontrarse con sus familias.
El dirigente alertó que incluso otros sectores sociales analizan nuevas medidas de presión para la próxima semana, lo que podría agravar aún más la situación en las carreteras.
Según Áñez, las pérdidas económicas para el país rondan los 50 millones de dólares diarios debido a la paralización del transporte y el comercio. “Los únicos perjudicados somos los transportistas de pasajeros y de carga”, sostuvo.
El representante del transporte pidió al presidente Paz intervenir para despejar las rutas y planteó la necesidad de crear una norma que regule los bloqueos. “No podemos seguir así, este país es inviable de esta forma”, afirmó.
Tanto la CAO como los exportadores y transportistas coincidieron en rechazar los bloqueos y las medidas de presión, y demandaron al Legislativo aprobar leyes orientadas a incentivar la producción y la inversión, en lugar de derogar normativas vinculadas al sector productivo.