L a voluntad de diálogo expresada por el presidente Rodrigo Paz es, sin duda, un gesto necesario en un país atravesado por la conflictividad. La convocatoria a una cumbre amplia con gobernadores, alcaldes y representantes de distintos sectores apunta en esa dirección. Sin embargo, en medio de una crisis económica que se profundiza y amenaza con derivar en una crisis de gobernabilidad, el país necesita algo más preciso, más acotado y, sobre todo, más eficaz: una cumbre política con quienes tienen en sus manos la posibilidad de impulsar las decisiones estructurales que Bolivia demanda con urgencia.
El problema de fondo ya no es únicamente económico. Bolivia ha entrado en una etapa en la que la incertidumbre política tiene efectos directos sobre la economía. Cada ley que no se aprueba, cada disputa estéril en la Asamblea Legislativa y cada señal de confrontación prolongada se traducen en inversiones postergadas, financiamiento más caro y una creciente desconfianza.
Por eso, el planteamiento de los sectores empresariales resulta coherente y oportuno. Ya no se trata de reclamos sectoriales aislados, sino de un llamado a construir consensos políticos mínimos que permitan destrabar la agenda legislativa y enviar señales claras al país y al mundo. El empresariado ha entendido algo que buena parte de la dirigencia política todavía parece resistirse a asumir: sin acuerdos en la Asamblea Legislativa, no habrá reactivación posible.
En ese contexto, resulta evidente que una cumbre multitudinaria, aunque simbólicamente valiosa, corre el riesgo de diluir los resultados. Lo que se requiere con urgencia es una mesa reducida, directa y resolutiva entre el presidente y los principales líderes con representación parlamentaria: Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Son ellos quienes, en los hechos, tienen la capacidad de viabilizar —o bloquear— cualquier iniciativa de fondo.
El país necesita leyes y normas que garanticen seguridad jurídica para atraer inversiones, que impulsen una nueva política energética capaz de revertir la caída en la producción de hidrocarburos, que habiliten el acceso a financiamiento externo en condiciones favorables y que permitan honrar los compromisos de deuda. También requiere reformas que liberen el potencial productivo, faciliten las exportaciones y eliminen trabas burocráticas que hoy asfixian al sector privado.
Nada de esto será posible sin una Asamblea que funcione. Y la Asamblea no funcionará sin acuerdos políticos.
Seis meses después del inicio de la gestión, los indicadores continúan siendo preocupantes y la sensación de urgencia no parece haber permeado en las fuerzas políticas. Deben comprender que una economía que no crece, que no atrae inversión y que opera en modo defensivo termina erosionando las bases mismas de la estabilidad social.
Aquí es donde debe aparecer la capacidad política del presidente. Convocar a sus adversarios, tender puentes con quienes han sido críticos y reconstruir alianzas con quienes han mostrado distancia no es una señal de debilidad, sino de liderazgo. La historia política del país ofrece ejemplos de pactos impensables que, sin embargo, marcaron rumbos decisivos. Sin ir muy lejos, Jaime Paz Zamora entendió en su momento que gobernar implicaba negociar, incluso con acérrimos rivales políticos.
Hoy, ese mismo pragmatismo resulta indispensable.
La crisis ha dejado de ser solo un problema de cifras para convertirse en un desafío político. Y como tal, requiere respuestas políticas. Bolivia necesita acuerdos. Y ya no puede permitirse seguir postergándolos.