Quienes trabajamos en análisis económico y de políticas públicas sabemos que los problemas rara vez tienen una sola vertiente. Usualmente se cruzan tres dimensiones: la económica, la política y la social, lo que en mi entorno llamamos el “tri-lema de la situación boliviana”.
Yo lo pongo de otra manera: la situación del país es como un sistema de tres ecuaciones con tres variables o incógnitas: económica, política y social. Esto nos da gráficamente el “cubo de riesgo 3D” que muestra los posibles escenarios que se ciernen para el país actualmente.
Desde el punto de vista de la ciencia política, Gerardo Munck y Juan Pablo Luna, en “Política y sociedad en América Latina”, resumen bien la cuestión regional: el problema latinoamericano no es sólo político, económico o estatal; es la combinación de los tres. Democracias débiles, economías desiguales y Estados poco capaces se refuerzan entre sí y producen instituciones que prometen más de lo que realmente pueden cumplir.
Esta reflexión no es ajena a la coyuntura reciente de inseguridad ciudadana. Al contrario. Estos hechos no deberían quedarse sólo como expedientes policiales. Son señales de algo más profundo: cuando el Estado en sus diferentes niveles y territorios no puede promover el respeto a la ley, las instituciones han dejado de funcionar donde más se la necesita.
La pregunta pertinente y de fondo es por qué el Estado no está donde se supone debía estar. ¿Faltan leyes? No. ¿Faltan organismos estatales? Tampoco. ¿Faltan narrativas sobre justicia y seguridad? Menos. Lo que falta es algo más difícil: capacidad estatal.
Los académicos de la Universidad de Harvard Matt Andrews, Lant Pritchett y Michael Woolcock lo explican con claridad en “Construyendo capacidades estatales”. Muchos países tienen ministerios, planes, juzgados, policías, protocolos y reformas. Pero no logran que todo eso funcione de manera efectiva. A esto le llaman una “trampa de capacidad”: el Estado sabe anunciar políticas, programas y proyectos, pero no siempre puede implementarlos.
Bolivia conoce esa paradoja. Cada problema trae una nueva comisión, una nueva promesa o reforma. Pero, pasada la indignación, los problemas estructurales siguen casi intactos.
Los autores llaman a esto “imitación isomórfica”. En palabras simples: copiar la apariencia de un Estado moderno sin tener su funcionamiento real. Es como tener un hospital con letrero, edificio y organigrama, pero sin médicos suficientes, sin insumos y sin capacidad de atender emergencias. En el papel existe. En la vida real, falla.
Eso ocurre también con la justicia y la seguridad. La ley existe, pero no siempre manda. La autoridad existe, pero no siempre protege. El juez existe, pero el Estado no siempre está detrás de él.
¿Qué hacer entonces?
La respuesta de Andrews, Pritchett y Woolcock no es glamorosa, pero sí práctica: dejar de copiar soluciones de catálogo y comenzar por problemas concretos. Su propuesta se llama adaptación iterativa impulsada por problemas, o PDIA por sus iniciales en inglés. Consiste en identificar un problema real, desarmarlo en causas, probar soluciones pequeñas, aprender de los errores y escalar lo que funciona.
En el caso boliviano, no basta decir, por ejemplo, “reformemos la justicia”. Eso es demasiado general. La pregunta debería ser más concreta: ¿por qué el Estado no puede garantizar justicia en ciertas zonas o frente a ciertos poderes?
A partir de ahí habría que identificar causas: ausencia policial, corrupción, falta de inteligencia, lentitud fiscal, miedo de testigos, captura local de instituciones o presión criminal. Luego probar medidas, medir resultados, corregir y volver a intentar. No suena épico. Pero tal vez por eso mismo es más serio.
La ausencia del Estado no se resuelve con más instituciones decorativas. Se resuelve cuando la ley tiene consecuencias, cuando las autoridades están protegidas y cuando el ciudadano siente que el Estado no sólo existe en la Constitución, sino también en su calle, su comunidad y su vida.