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En 2020, durante el Gobierno de transición, Bolivia nuevamente volvió a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El contexto era adverso, la pandemia se extendió por todo el mundo y el país no contaba con los recursos para sostener un sistema sanitario que colapsó. En esta situación el organismo internacional aprobó la entrega 327 millones de dólares al país, para que fortalezca el precario sistema hospitalario que se heredó de gestiones pasadas.

Sin embargo y pese a las necesidades, estos recursos nunca fueron usados. Durante sus primeros días de gobierno, el presidente Luis Arce Catacora ordenó la devolución de los recursos. Además, la administración estatal anunció la activación de un proceso penal contra  exautoridades por aprobar el crédito, que generó un 'alto costo al Estado' y que supuestamente condicionaba al país.

Para entender mejor el caso te presentamos algunas claves:

1.-La Asamblea Legislativa rechazó el crédito

Tras el anunció el préstamo, la Asamblea Legislativa controlada por el MAS rechazó la operación. Los asambleístas denunciaron que este acuerdo condicionaba a Bolivia a seguir las 'recetas' del FMI, como la devaluación de la moneda nacional y la reducción de la inversión pública, factores que, según los congresistas, perjudicarían al país.

Bolivia mantiene desde hace más de 10 años congelado el tipo de cambio en Bs 6,9 por dólar. Este factor, según el gobierno, es clave para la economía.

Además, se indica que el Gobierno de transición no presentó ninguna ley ni contrato para que la Asamblea apruebe el proyecto, requisito indispensable para avalar cualquier tipo de endeudamiento con organismos internacionales, según el argumento del masismo.

2.- Los recursos llegaron, pero no se usaron

Pese a la negativa de la Asamblea, los recursos llegaron a las cuentas del Estado, pero nunca fueron usados. Esto fue denunciado por los asambleístas que acusaron de ilegal la operación. La respuesta del Gobierno transitorio a la denuncia fue que, a diferencia de los préstamos tradicionales, la operación correspondió a un intercambio de divisas mediante el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG).

Los DEG que son un activo de reserva que se asigna a los miembros del FMI; de acuerdo a la cuota de acciones que cada uno tiene en la organización internacional. El país es miembro del organismo desde su fundación en 1945. Al ser un socio fundador le corresponde una asignación de 240,1 millones de DEG, lo que equivale a 327 millones de dólares.

Pese a la llegada de los recursos, estos no fueron usados y el país pagó 24,3 millones se concepto de variación cambiaria, intereses y comisiones.

3.- FMI aseguró que no hubo ningún tipo de condiciones

Mediante una carta dirigida al Gobierno de transición, Alejandro Werner, director del departamento del hemisferio occidental del FMI explicó que Bolivia accedía al financiamiento sin ningún tipo de condiciones, ante las dudas surgidas en el Legislativo.

En la misiva, el alto ejecutivo del FMI detalla que el país accedió al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que establecía una compra de 240,1 millones de DEG ($us 327 millones).

Incluso el alto funcionario dijo que los países miembros del organismo como Bolivia, pueden cambiarlos por divisas mediante una operación voluntaria entre los países miembros.

El financiamiento proporcionado por el FMI a un país miembro como Bolivia no está enmarcado en un contrato, pero está sujeto a las políticas de la entidad, incluidas las condiciones de reembolso o recompra”, dijo Werner.

4.- Devolución del préstamo y anuncio de proceso

En febrero de este año, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió un comunicado indicando que devolvió el préstamo del FMI.  En la nota oficial el ente regulador señalaba que la principal razón para el reembolso era liberarse de las imposiciones “fiscales, financieras, cambiarias y monetarias” que el organismo puso para el préstamo, pero no detalló cuáles eran estas condiciones. 

"El BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares", señaló la entidad.

Del total de estos recursos, 327,2 millones corresponden al préstamo entregado en abril de 2020 y 24,3 millones se sumaron por concepto de variación cambiaria, intereses y comisiones.

5.- Proceso por el préstamo

En marzo de este año, el Ministro de Justicia Iván Lima, anunció que activaría un proceso penal contra las exautoridades que gestionaron el préstamo. A criterio de la autoridad, esta operación fue hecha de forma irregular, además su devolución y cobros adicionales con intereses generaron un daño económico a las arcas estatales.

En abril, el Ministerio Público citó a exministro de Economía, José Luis Parada. En este caso, también estaría implicados los exministros Óscar Ortiz y Branko Marinkovic, que ocuparon esta cartera de Estado en diferentes momentos de 2020.

Lima dijo que el proceso se abrió porque, de acuerdo a las leyes nacionales, solo la Asamblea Legislativa tiene la autoridad para aprobar un préstamo y no así el Órgano Ejecutivo.

6.- Nueva detención por el proceso

A la lista de investigados se sumó el exviceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink. La exautoridad fue detenida la noche del sábado en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se aprestaba a realizar un viaje personal.

Sobre Schlink pesaba una orden de arraigo, pero él denunció que nunca fue notificado de la misma. Tras permanecer detenido ocho horas fue liberado y citado para declarar hoy (28 de junio) a las 15:00 en la ciudad de La Paz.

Durante su gestión, el economista denunció que el Gobierno de Evo Morales, realizó un sobregiro de las arcas del Tesoro General de la Nación de más de 18.000 millones de bolivianos, sin especificar el destino de estos recursos.

El caso es polémico y segura tendrá más tela para cortar...

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