Las largas filas en los surtidores dejaron de ser una escena exclusiva para quienes buscan diésel. En las últimas semanas, la escasez también alcanzó a la gasolina y, en algunas regiones, incluso al Gas Licuado de Petróleo (GLP), reflejando que la crisis de abastecimiento de combustibles continúa sin una solución definitiva y sigue afectando al transporte, la producción y a miles de familias bolivianas.
Pese a los anuncios oficiales para normalizar el suministro y a la apertura a la importación privada de combustibles, el desabastecimiento persiste en distintas ciudades del país. Las filas se mantienen durante horas e incluso toda la noche, mientras sectores productivos y del transporte advierten que la incertidumbre comienza a trasladarse a mayores costos y retrasos en la prestación de servicios.
El dirigente del Transporte Pesado, Pedro Quispe, aseguró que el problema responde a la insuficiente importación de combustibles y advirtió que la situación continuará mientras no existan los recursos necesarios para abastecer plenamente el mercado.
"Esto va a continuar. El Gobierno no está importando todo lo que el país necesita y la escasez de dólares está afectando la compra de combustibles", afirmó. Además, sostuvo que la flexibilización del tipo de cambio elevará aún más el costo de repuestos, llantas y otros insumos importados que utiliza el sector.
La preocupación también alcanza al transporte interdepartamental. El presidente del Comité Nacional de Buses, Richard Martínez, describió un panorama crítico para las empresas, que enfrentan dificultades para operar debido a la falta de combustible y al alza de sus costos.
Según el dirigente, muchas empresas tienen problemas para cubrir alquileres en terminales, salarios, obligaciones bancarias e impuestos, mientras decenas de unidades permanecen inmovilizadas por la imposibilidad de abastecerse de diésel.
Martínez señaló que el sector todavía evalúa el impacto económico, aunque estimó que cerca del 90% de las unidades afiliadas presenta algún grado de paralización o afectación operativa. Asimismo, pidió al Gobierno instalar surtidores móviles en las terminales terrestres para garantizar los viajes durante la temporada de vacaciones y evitar mayores retrasos en el transporte de pasajeros y encomiendas.
La crisis también alcanza a instituciones públicas. La Gobernación de Cochabamba informó que, pese a haber solicitado oportunamente la programación de combustible para julio, hasta la fecha no recibió la dotación requerida por YPFB.
La Secretaría de Obras y Servicios de este departamento indicó que necesita alrededor de 190.000 litros mensuales para realizar el mantenimiento de más de 2.400 kilómetros de caminos departamentales, pero aseguró que no recibió "ni un solo litro", situación que pone en riesgo los trabajos programados.
A la escasez de diésel y gasolina ahora se suma el GLP. En varias ciudades comenzaron a registrarse filas en distribuidoras de garrafas, impulsadas por el aumento de la demanda durante el invierno y por problemas logísticos vinculados a la disponibilidad de cilindros.
Es un problema estructural
Para el analista energético Álvaro Ríos, la crisis ya no puede atribuirse únicamente a la falta de divisas. A su juicio, existen problemas estructurales dentro de YPFB relacionados con procesos administrativos, exceso de controles y una burocracia que retrasa la distribución de combustibles, incluso cuando los productos ya se encuentran en el país.
Ríos sostuvo que Bolivia enfrenta un escenario cada vez más complejo debido a la caída de la producción de hidrocarburos, lo que obliga a incrementar las importaciones de diésel y gasolina y, próximamente, también de GLP. Advirtió que, sin reformas de fondo en el sector energético, el abastecimiento continuará en riesgo.
Mientras tanto, los efectos ya son visibles en la economía cotidiana. El transporte de carga y pasajeros reporta retrasos, aumentan los costos de operación y miles de ciudadanos continúan invirtiendo horas en filas para conseguir combustible.
Y aunque el Gobierno habilitó mecanismos para la importación privada de combustibles y anunció medidas para mejorar la logística de distribución, los resultados aún no se reflejan en los surtidores, donde las filas siguen siendo parte del paisaje diario en varias regiones del país.
Gobierno habla de mafias
Frente a las críticas por la persistencia de las filas en los surtidores, el Gobierno atribuyó parte de la crisis al desvío ilegal de combustibles y aseguró que el abastecimiento comenzará a normalizarse en los próximos días.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que existen "mafias" que aprovechan el bajo precio de los carburantes en Bolivia para desviar el producto y comercializarlo de forma irregular, situación que —según dijo— dificulta la distribución y retrasa la normalización del suministro, incluso después del levantamiento de los bloqueos que se prolongaron por más de 50 días.
"No se olviden de que en otros países nuestro combustible es barato, entonces hay gente que se está llevando el combustible. No solo es un tema de YPFB, hay mafias y personas que están haciendo negocio, por eso el combustible no está llegando donde tiene que llegar", sostuvo la autoridad.