La inseguridad dejó de ser solo un problema policial y se ha convertido en un factor que condiciona el desarrollo económico, la estabilidad institucional y la confianza democrática en América Latina. Así lo advirtió el presidente de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados. Alertó que el avance del crimen organizado está debilitando las bases del crecimiento en la región.
Durante la presentación del reporte “Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante”, Díaz Granados puso cifras al problema: América Latina, con apenas el 9% de la población mundial, concentra cerca de un tercio de los homicidios globales. Para el titular de CAF, este dato refleja no solo la magnitud de la violencia, sino su impacto directo en la economía y en la calidad de la democracia.
“El mayor déficit que enfrenta América Latina no es el fiscal, es el de esperanza”, afirmó, al describir cómo la inseguridad está erosionando la confianza ciudadana, especialmente entre los jóvenes, y debilitando la percepción de futuro.
El diagnóstico va más allá de la violencia tradicional. Según Díaz Granados, el crimen organizado en la región ha evolucionado hacia redes transnacionales que incluyen narcotráfico, trata de personas, contrabando, fraude y otros delitos que operan a escala regional. Esta dinámica, advirtió, supera muchas veces la capacidad de respuesta de los Estados y genera un efecto dominó sobre la institucionalidad.
“Cuando falla la seguridad, todo lo demás colapsa”, sostuvo, en referencia al impacto que tiene la criminalidad sobre la inversión, la productividad y el funcionamiento de los mercados.
El informe de CAF plantea que la inseguridad no puede analizarse de forma aislada. Está estrechamente vinculada a otros problemas estructurales como la informalidad, la desigualdad y el bajo crecimiento económico, configurando un entorno que limita las posibilidades de desarrollo sostenido.
Díaz Granados insistió en que la seguridad debe abordarse como una política de desarrollo y no únicamente como una respuesta reactiva. Esto implica fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación regional y atacar las causas estructurales que alimentan la criminalidad.
El diagnóstico -emitido este miércoles desde Monterrey- dialoga con las tensiones que se dieron recientemente en México, pero también con casos como el golpeó a Bolivia con el caso Marset, el narcotraficante uruguayo capturado en marzo que movió millones de dólares, según las pesquisas.
EL DEBER estuvo en la presentación del informe como media partner de CAF.